El ‘caso Pujol’ topa con sus límites

Cinco meses después, Jordi Pujol ha facilitado al juzgado que le investiga el testamento de su padre, Florenci. La resistencia del expresidente catalán a entregar un documento de 1967 levantó las sospechas de la juez y el fiscal, que vieron en esa maniobra de obstrucción un indicio de que Pujol mintió el pasado 25 de julio. El expresidente de la Generalitat admitió entonces que su familia había mantenido oculta, durante 34 años, una herencia de Florenci en el extranjero. Y añadió que, dada la naturaleza de ese capital, no figuraba en el testamento.

El testamento viene a corroborar esa obviedad —no se puede legar una fortuna deliberadamente escondida— pero no cambia nada sobre el caso Pujol, que sigue pivotando sobre la misma pregunta: ¿Es ése el verdadero origen del patrimonio familiar —regularizado el año pasado— o debe buscarse en la carrera política de Pujol? La investigación cada vez anda más lejos de resolver la incógnita. En diciembre, la magistrada Beatriz Balfagón ciñó la causa a un delito fiscal y otro de blanqueo, para averiguar si la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, y tres hijos —Marta, Mireia y Pere— regularizaron correctamente los cuatro millones que poseían en Andorra.

La magistrada cree que no hay indicios, al menos hasta ahora, para sostener que el dinero “tiene un origen delictivo” y, en concreto, que “procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras”. El último escrito del abogado defensor, Cristóbal Martell, revela que la limitación de la causa es una buena noticia para el expresidente. El letrado alaba a la magistrada por haber “sabido expurgar certeramente unas imputaciones que navegaban bajo pabellón equivocado”.

Martell se opone, en el mismo escrito, a la imputación de los Pujol. Cree que ni siquiera hay indicios de delito fiscal porque la regularización se hizo de forma “completa, veraz y correcta”. “Aunque no mereciera crédito la explicación razonada y razonable” del 25 de julio, añade, los dos bancos de Andorra por donde han pasado los fondos de la familia —Andbank y Banca Privada de Andorra— han constatado que no ha habido “incrementos de patrimonio” significativos imientos— en las cuentas.

A la espera de que el expresidente y su familia den explicaciones el próximo 27 de enero, el caso Pujol no ha podido ahondar por ahora en la tesis sostenida por las acusaciones: que el dinero andorrano no procede de la herencia, sino de negocios ilícitos hechos al amparo del poder político. La falta de colaboración de otros países tampoco ayuda a avanzar por esa vía. Suiza y Andorra se han negado a facilitar información alegando que los hechos investigados son demasiado genéricos. La juez ha dado por imposible a Suiza —que exige condiciones draconianas para abrir la mano— y ha insistido con Andorra.

Todo en la causa remite, una y otra vez, al comunicado del pasado verano, que motivó la investigación judicial y provocó la caída en desgracia de Pujol como personaje público. El expresidente asumió su responsabilidad, pero ésta es, añade ahora su abogado, “moral, política o jurídica”, no penal. Pujol, insiste, “podrá sentirse personalmente responsable de la tardía regularización”, pero él mismo nunca tuvo, remacha, dinero en el extranjero. Lo que sí recibió de su padre —como legitimario y no como heredero— fue una finca en Premià de Mar (Barcelona) y acciones por 79.000 euros.