El fiscal descarta fraude en la ayuda al pósito de Cambados pero ve “engaño”

La Fiscalía de Pontevedra defiende ante el juez instructor de Cambados Juan Manuel Hermo el sobreseimiento de la causa penal seguida por presunto fraude de subvenciones o estafa en la construcción del barco Tragove de la cofradía de Cambados contra el expatrón Benito González y los empresarios Luis Núñez Miser y Fernando Otero Pérez, administradores del Astillero Polináutica, SA, proveedor de buques a la Consellería do Mar.

El fiscal Augusto Santaló reproduce su escrito de junio pasado, cuando pidió el archivo de la causa después de haber presentado querella contra los imputados. El ministerio público descartó el fraude de subvenciones basándose en la peritación del buque encargada por el juzgado y que valoró su coste en 231.047 euros, muy por encima de los 161.179 euros en los que se basó la demanda inicial. El valor del peritaje coincide con el de la Xunta, que se vio obligada a iniciar un expediente de reintegro parcial de la cantidad concedida de fondos europeos, cifrada en más de 176.000 euros.

Aunque desde el enero de 2013 el fraude a los presupuestos comunitarios es delictivo desde los 4.000 euros, el fiscal descarta la aplicación de dicha reforma con carácter retroactivo en perjuicio de los imputados. Para el ministerio público la mayor parte de la inversión está justificada y la diferencia entre el importe presupuestado (293.507,63 euros) y el fijado por peritación judicial (231.047 euros) es sensiblemente inferior (poco más de 60.000 euros). Por este motivo no solo la cantidad subvencionada de forma indebida es claramente inferior a 120.000 euros sino que la parte subvencionada por la Unión Europea tampoco supera los 50.000 euros, cantidades que no están tipificadas como delito económico.

Santaló admite que hubo “engaño” en la valoración del barco, pero se opone al criterio del juez cuando expone (en el auto de apertura de juicio oral firmado el 10 de diciembre) que si los hechos no son constitutivos del delito de fraude de subvenciones podrían serlo de estafa, citando una sentencia del Supremo para justificarlo. Esta sentencia, dice el fiscal, señala que habrá estafa “cuando el beneficiario, aun cumpliendo todos los requisitos establecidos para acceder a la subvención, actúa con un plan preconcebido de omitir absolutamente la actividad que se comprometa a llevar a cabo” o también que pretenda “lucrarse con unos fondos que jamás pensó destinar a la actividad subvencionada”.

Concluye que el dinero objeto de subvención tuvo como destino el barco para el que se solicitó, un comportamiento que será considerado fraude de subvenciones si se supera el tipo penal ordinario establecido en 120.000 y de 50.000 para los presupuestos comunitarios, por lo que solo serían constitutivos de una infracción administrativa.

En línea con los argumentos del juez instructor, la Asociación Galega de Mariscadores (Agamar) que ejerce la acusación particular sostiene el fraude de subvenciones o la estafa en la construcción del barco en 2009, cuyo coste superó los 340.000 euros de los cuales 176.104 fueron subvencionados y 84.000 devueltos como indebidamente percibidos. “Con los intereses de demora, la cuantía total a devolver, a cargo de las depauperadas arcas de la cofradía de Cambados superará los 100.000 euros”, denuncia Agamar en un comunicado. “El juzgado de instrucción, en un completo y minucioso auto, estima que existen indicios bastantes para concluir que se han obtenido indebidamente fondos de la Unión Europea falseando las condiciones requeridas para su concesión. Esta conducta, dice el juez, se llevó a cabo conscientemente y con la intención de defraudar al presupuesto comunitario”, insiste Agamar.