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OPINIÓN

Campeones de la privatización

ATLL, Túnels del Cadí o la venta de edificios son algunos de los fiascos privatizadores del Gobierno catalán

Cataluña es como una familia burguesa venida a menos por la crisis. Malvende todo su patrimonio y realquila habitaciones de cualquier manera, sin parar atención en quién se mete en casa. El Gobierno de Artur Mas ha optado por sacar al mercado todos sus bienes, asfixiado y castigado por el reparto egoísta que hace el albacea y hermano mayor, Cristóbal Montoro, que reserva para sí la parte del león del déficit. Y el resultado es catastrófico. El Govern dels millors no ha dado muestras de esa virtud que pretenciosamente se autoatribuía. Se ha pateado el patrimonio y ha convertido en un páramo el horizonte para las futuras generaciones. Y no solo por el legado envenenado que tanto le preocupa de los más de 60.000 millones de deuda, que esa sí se paga religiosamente, sino porque el país habrá hipotecado infraestructuras y servicios básicos. Y a precio de saldo.

En Cataluña, como en el conjunto de España, ya estamos acostumbrados a esa política que descansa sobre la privatización de beneficios y la socialización de pérdidas. Es un ejercicio que históricamente se ha hecho por encima de nuestras posibilidades. Un mínimo y ridículo exponente son las estaciones de esquí del Pirineo catalán que, excepto un par, han pasado a ser públicas en cuanto han asomado las pérdidas. En estas ocasiones, el Govern se comporta como entusiasta del Gosplán soviético. Pero cuando el beneficio comienza a aflorar, entonces, actúa de forma altruista y piensa cristianamente en entregárselo al prójimo. Cataluña, definitivamente, practica el sincretismo de tradiciones. Pero por lo que parece siempre pierden los ciudadanos.

La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) es el último peldaño de esa escalera que conduce a la nada. Las reiteradas sentencias judiciales van a obligar a la Generalitat a revocar la adjudicación y a indemnizar a Acciona y a sus socios de BTG-Pactual. La operación --que en su momento dividió al propio Govern y gracias a la que la Administración catalana dedujo mil millones de déficit-- consistía en una inversión a 50 años en los que la Generalitat debía embolsarse 1.047 millones de euros. El resultado a día de hoy es bien distinto. Ahora todo sale a pagar, al revocarse la adjudicación hay que sumar: los 300 millones ya abonados por los privados, las inversiones efectuadas hasta el momento y la contraprestación por el lucro cesante. La cifra total se desconoce. La Generalitat se resiste a hacerla pública para no herir la sensibilidad del contribuyente, pero Artur Mas en su viaje a Brasil de julio del año pasado ya dio garantías a BTG-Pactual de que no iban a perder su dinero. Y los ciudadanos de Cataluña pueden darlo por hecho, porque el banco brasileño no es una hermanita de la caridad, se debe a sus accionistas, es un buen pescador en río revuelto y sabe de pelotazos. He aquí uno: BTG-Pactual adquirió en 2012 el 65% de Túnels del Cadí por apenas 60 millones de euros. Pues bien, en solo dos años, ha vendido su parte por 146 millones. Ha ganado 87 millones. Como esta misma semana recordó el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, calentando los motores del debate de Presupuestos de la Generalitat, “invertir en Cataluña es una buena opción económica”. BTG-Pactual tiene pruebas irrefutables de que esta es una tierra de oportunidades.

En su visión cortoplacista, el Gobierno catalán está dispuesto a amortiguar los efectos de la a crisis a cualquier precio. Aunque sea repitiendo errores. Y por ello no duda a la hora de convertir la casa familiar en un casino… O en cuatro, como sucede con BCN-World. Veremonte, el gran proyecto del ex zar del ladrillo Enrique Bañuelos, no está dispuesta a desembolsar los 277 millones para el proyecto hotelero y de juego de Tarragona sin conocer las condiciones del plan urbanístico. Y la Generalitat se ha convertido en gestor de esos terrenos. Con los precedentes existentes, el desenlace se antoja más que predecible. El Gobierno catalán fracasó en la venta de ICF Equipaments en 2011. Era el intento de vender los edificios de colegios y comisarias por 450 millones de euros y sacrificarlos al altar de la no consolidación de la deuda. Este 2014 se ha vuelto a confiar en la política de deshacerse de inmuebles para ingresar 400 millones. Otro fiasco.

La deconstrucción de lo público es constante desde el inicio de la crisis. El partido gobernante lo fía todo al futuro libre e independiente en el que habrá mucho trabajo gracias a que tendremos unas robustas “estructuras de Estado”. Pero, por lo que parece, esa recuperación del Estado no pasa de ser una patriótica prueba ontológica. Para aclararlo ahí va la aportación del conseller de Salud, Boi Ruiz, en vigilia de la festividad de ese gran dogma español que es la Inmaculada Concepción. “No me imagino un sistema sanitario diferente del actual en una Cataluña independiente”. Fin de la cita.

 

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