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Fianza de 1,2 millones al presidente de la patronal de ambulancias

El juez del caso Innova destapa una trama sobre el negocio del transporte sanitario

El juez instructor del caso Innova, que investiga presuntas irregularidades en la sanidad catalana y en empresas municipales de Reus (Baix Camp), ha impuesto una fianza de 1,2 millones de euros a Bernardo Coslado, presidente de la patronal española de ambulancias y propietario de sociedades de transporte sanitario. Coslado, que fue detenido por la Guardia Civil, se encuentra en libertad provisional imputado por presunto tráfico de influencias, cohecho, delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, prevaricación y malversación. Coslado debe ingresar la fianza en cuatro días en concepto de responsabilidad civil.

El juez del juzgado de instrucción 3 de Reus levanta parcialmente la séptima pieza separada del caso Innova en la que acusa a altos cargos de Innova y a Coslado, cuyas empresas controlan el transporte sanitario de las Tierras del Ebro, de idear una trama para beneficiar a las sociedades del empresario saltándose la normativa de contratación pública o mediante otras prácticas ilegales, como facturaciones dobles de servicios.

El instructor del caso Innova revela la existencia de una trama en torno al negocio del transporte sanitario

La investigación arrancó cuando el juez descubrió pagos opacos: Coslado pagó 5.000 euros al mes a Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de Innova, en concepto de “trabajos de asesoramiento”. Los ingresos se iniciaron a partir de abril de 2012 a una sociedad familiar de Prat, Wanplais, ajena a la sanidad, y cuando Prat aún presidía el ICS. Además, los pagos empezaron el mismo mes en que el gestor sanitario concertó una reunión entre Coslado y el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, “y posiblemente” algunos encuentros posteriores, apunta el juez. El instructor del caso Innova destaca que Centre d'Ambulàncies Baix Ebre es adjudicataria de diversos lotes de prestación de servicios de transporte sanitario, por lo que acusa a Coslado de intentar fraguar acuerdos provechosos para su negocio mediante los pagos a Prat, hacer presión o conseguir información privilegiada de concursos públicos. “El pago de tales cantidades iban dirigidos, en realidad, a conseguir una posición ventajosa en el próximo concurso del transporte sanitario que convoque la Generalitat o a conseguir, directamente, la prórroga del que actualmente está en vigor de manera que se perpetuasen los intereses empresariales de Centre d'Ambulàncies Baix Ebre”, dice el juez. Prat y cuatro de sus hijos están imputados por estos pagos.

El juez también destaca que tiene pruebas de actividades de lobbying por parte de la Asociación Catalana de Empresarios de Ambulancias

Pero, además, en un auto muy duro el instructor del caso Innova revela la existencia de una trama en torno al negocio del transporte sanitario. “Una serie de individuos que intervienen en el sector del transporte sanitario han interactuado para conseguir la perpetuación de la posición de aquellos proveedores de servicios que ya están asentados (como la empresa de Coslado) o para evitar la entrada de nuevos proveedores que pudiesen poner en riesgo esa posición privilegiada”, esgrime el instructor del caso Innova. Los indicios se materializan, según el juez, en unos documentos incautados a Prat que apuntan “a movimientos destinados a hacer presión en favor de unas determinadas empresas del sector del transporte sanitario y para perjudicar a otras que pretendían acceder al lucrativo sector”. El juez también destaca que tiene pruebas de actividades de lobbying por parte de la Asociación Catalana de Empresarios de Ambulancias sobre el concurso sobre el transporte sanitario que iba a producirse.

Coslado a través de Ambulàncies Baix Ebre se habría aprovechado de su “particular posición de adjudicatario de diversos lotes” de prestación de servicios de transporte sanitario – transporte urgente y no urgente del Servei d'Emergències Mèdiques y del CatSalut – para presuntamente iniciar conductas “digas de reproche penal”, continúa el auto. Por un lado Sagessa, el ala sanitaria del Innova, el Hospital Comarcal de Amposta y Gestión Comarcal Hospitalaria (Gecohsa, empresa 100% del Hospital Sant Joan de Reus) son proveedores del CatSalut. Por otro lado, según el juez, existen facturas en las que Ambulàncies Baix Ebre carga el transporte sanitario de pacientes de hemodiálisis y radioterapia al Hospital Comarcal de Amposta y de rehabilitación a una fundación creada por este centro, FUSSMONT, todo ello en los años 2010 y 2011.

“Si tales servicios están incluidos en el contrato de transporte sanitario adjudicado a Coslado por el CatSalut estamos ante una doble facturación por la prestación de un mismo servicio público pagado con fondos públicos”, remacha el juez. La investigación también ha descubierto la existencia de una serie de convenios presuntamente irregulares por valor de 640.000 euros entre 2010 y 2011 firmados entre Sagessa (a través de GECOHSA, HOSPITAL COMARCAL DE AMPOSTA y FUSSMONT, sociedades todas ellas del Grupo Sagessa) y Ambulàncies Baix Ebre para la prestación de servicios. El juez implica a Coslado pero también a los firmantes de los acuerdos, Enric Agustí, Lluís Nualart y José María Benet. Los tres eran altos cargos de Sagessa y el juez los imputa ahora por malversación y prevaricación. “Hicieron un uso torticero de su posición privilegiada para evitar los controles y fiscalización” destaca el instructor, quien añade que supone “una falta grosera de constrol del dinero público”.

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