La discapacidad traslada la batalla del copago al Tribunal Constitucional

Un día después de la aprobación de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2015 que da continuidad al copago en la Comunidad Valenciana, el sector de la discapacidad anunció ayer que pretende llegar hasta el Tribunal Constitucional para pararlo. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha iniciado una campaña para recabar el necesario apoyo de 50 diputados que planteen un recurso de inconstitucionalidad. El PSOE ya ha recogido el guante y los socialistas valencianos anunciaron ayer que “si el Consell no da marcha atrás” y no retira el copago su partido recurrirá la ley de acompañamiento a los presupuestos ante el Tribunal Constitucional.

En agosto de 2013, la Generalitat publicó un decreto que imponía el copago a usuarios de centros públicos para personas con discapacidad. En dicho decreto, el Consell planteaba el copago bajo un sistema de precios públicos con el que se ha estado cobrando a los usuarios desde enero de 2014. En octubre y noviembre de este año, gracias a los recursos de entidades de apoyo a la discapacidad, el Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló dicho copago ya que, al imponerse a un servicio “objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas” de los usuarios, este debía ser regulado como tasa.

Pese a la gran contestación social que esta medida produjo desde el inicio, el PP ha decidido mantener el copago transformándolo en una tasa en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2015. Este sistema le ha permitido modificar la norma con menor número de trámites y, según ha denunciado la oposición, sin los informes (entre ellos el económico) que se exigen antes de aprobar las leyes.

La huida hacia delante del Consell ha estrechado el margen de maniobra de las entidades que, ante un copago que ahora está regulado como ley, se han visto obligadas a iniciar el camino hacia el recurso de inconstitucionalidad para frenarlo. Como las entidades no tienen potestad para plantear este tipo de recursos, el Cermi se ha puesto manos a la obra para cumplir el requisito de que la defensora del pueblo o bien un grupo de 50 diputados o senadores planteen dicho recurso.

El PSPV anunció ayer que su partido apoyará la iniciativa si la Generalitat no retira el copago que acaba aprobar. Los socialistas recordaron que una de las raíces del problema es que el Gobierno central no ha desarrollado el reglamento de la ley de dependencia de 2006 que debería haber regulado a nivel estatal los criterios para el copago. El Cermi anunció ayer la puesta en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para exigir que se desarolle el reglamento tras siete años sin él.

En medio de un clima social enrarecido, la Consejería de Bienestar Social ya está preparando el sistema de cobro. Fechadas el 1 de diciembre, antes incluso de que se aprobara la Ley de Acompañamiento que regula el copago como tasa, algunos usuarios han comenzado a recibir cartas en las que Bienestar Social les pide los datos bancarios para domiciliarles la nueva tasa. Sin especificar la cuantía que se les cobrará y advirtiendo de que en caso de no pagar se les embargará con el recargo correspondiente (cuyo porcentaje tampoco se especifica) las misivas han empezado por llegar a los usuarios de residencias de la tercera edad.

La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, prometía ayer la apertura de siete nuevos centros sociales en Alicante a seis meses de las elecciones, pero seguir adelante con el copago ha puesto al rojo vivo la patata caliente que Bienestar Social tiene entre manos. Con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano en contra, multitud de pleitos de usuarios particulares en marcha, la patronal de las residencias a favor del anterior sistema de cobro porque les daba liquidez directa y las familias dispuestas a seguir adelante contra el copago, el final de la legislatura se prevé complicado para el departamento de Asunción Sánchez Zaplana.