La Generalitat asegura que la oferta de Agbar por ATLL incumple el concurso

"El supuesto vicio, teórico, de alterar el calendario de las obras, se produce en las dos agrupaciones licitadoras dado que ambas modificaban el calendario de ejecución de las obras". Con esa afirmación los abogados de la Generalitat le decían al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en abril de 2013 que si invalidaban la oferta de Acciona por Aguas Ter-Llobregat (ATLL), también tendrían que anular la liderada por Agbar, ya que ambas "concurren en el mismo defecto", el de superar el límite temporal para realizar inversiones. Ese era el argumento del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) para anular la oferta de Acciona, resolución que tras casi dos años de litigios la Generalitat ha decidido asumir. El sábado anunció que convocará una mesa de contratación para decidir qué hace con el concurso: si lo adjudica directamente a Agbar o convoca uno nuevo.

El consejero de Territorio, Santi Vila, sostuvo ayer el mismo argumento. Dijo que la oferta de Agbar quizás no cumple si se atienden los mismos criterios para descalificar a Acciona. "Si hacemos caso de la resolución del OARCC y debemos excluir a Acciona, podría pasar, como nos advierte la mesa de contratación, que aplicando estos mismos criterios, necesariamente también tendríamos que excluir al segundo de los concursantes, porque incurrió en la misma equivocación".

Fuentes jurídicas conocedoras de las ofertas explicaron ayer que esa no sería la única razón que podría utilizar la mesa de contratación para invalidar la oferta de Agbar. La sociedad se presentó al concurso acompañada de otras siete empresas, cinco españolas y dos grupos internacionales que debían financiar la concesión y controlar el 63% del consorcio. Esos dos últimos eran la canadiense Caisse de Depot et Placements du Quebec y el fondo de inversión inglés First State Investments.

En la memoria incluida inicialmente en el expediente, ambos fondos de inversión asumen que están interesados en el concurso pero aseguraban estar trabajando para "completar todos nuestros procesos de autorización internos para obtener una aprobación definitiva del proyecto". First State aseguraba en esa carta de presentación: "Para evitar cualquier duda, esta carta no pretende ser legal y simplemente representa nuestra intención actual", a la espera de que su consejo de administración lo aprobara.

Las mencionadas fuentes aseguraron que ese reconocimiento, sumado a que algunas declaraciones necesarias para participar en el concurso solo fueron firmadas por las seis empresas españolas que participaban en el consorcio, dejarían fuera a la alianza de encabezada por Agbar. La compañía participada por Suez Environnement negó haber incumplido el pliego de condiciones.

El consejero de Territorio, Santi Vila, se mostró ayer convencido en una entrevista a TV-3 que la convocatoria de un nuevo concurso permitiría captar el interés de muchos más grupos inversores de los que participaron hace dos años. "Si en 2012, cuando nadie tenía acceso al crédito, dos empresas pudieron concurrir, con un contrato de mil millones que interesa a las compañías del mundo que gestionan el agua, es evidente que no concurrirían solo dos, que habría muchas más", dijo Vila. "El contexto económico hace pensar que la concurrencia de muchas más empresas aún haría más competitiva la oferta", explicó después.

De momento, ayer no firmó la convocatoria de la mesa de contratación, como anunció Vila el pasado sábado, ante la sorpresa de todos lo implicados. Acciona ya ha amenazado con abrir una nueva guerra judicial si se le desposee de un contrato de 50 años.