La Generalitat rectifica y revocará la adjudicación de ATLL a Acciona

La incertidumbre sigue sobrevolando sobre el futuro de la concesión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), pero ahora hay al menos una cosa clara: el consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual dejará de ser el encargado de explotar la gestión de la compañía pública. La Generalitat ha decidido revocar la adjudicación del concurso aprobada a finales de 2012, la confirmación de que la mayor privatización realizada por la Administración catalana (valorada en 1.000 millones de euros) ha sido un fiasco. En esta larga guerra sí hay un vencedor: Agbar, el otro gran grupo que pujó en el concurso y que, tras perder, abrió una guerra judicial que ha acabado doblegando al Ejecutivo catalán.

El consejero de Territorio, Santi Vila, ha anunciado esta mañana en Tàrrega la decisión de convocar de manera “inmediata” la mesa de contratación para que tome una opción respecto a la situación de la empresa encargada de tratar y canalizar hasta las cabeceras de los municipios el agua que después las compañías suministradoras (como la propia Agbar) llevan hasta los hogares. Descartado que Acciona siga gestionando la sociedad, se abren dos vías de resolución: que los técnicos de la Generalitat decidan abrir un nuevo concurso o que se lo otorguen directamente a Agbar, la otra empresa que optaba. Si es que cumple las condiciones del concurso, situación de la que dudan diferentes fuentes consultadas de la Generalitat.

Aunque Vila es quien ha anunciado la esperada decisión, tanto el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, como el presidente Artur Mas estaban al corriente de la decisión. Se habían resistido todo lo que habían podido, pero la última sentencia del Tribunal Supremo les ha forzado a cambiar la opinión. El alto tribunal denegó su petición de medidas cautelares, con la que intentaban suspender la resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (que forma parte de la propia Generalitat) que sostenía que el consorcio de Acciona se había adjudicado el concurso pese a no cumplir el pliego de condiciones en lo que respecta al calendario de inversiones. La Generalitat no quería mover ficha en el concurso hasta tener un fallo que valorara el concurso a fondo. Al final, pese a las continuas declaraciones de Vila y Mas-Colell defendiendo la forma como se llevó a cabo el concurso, han acabado por dar su brazo a torcer.

ATLL se ha convertido en un desastre con consecuencias apuntando hacia todas partes. La Generalitat no pierde solo parte de credibilidad ante los inversores institucionales, sino que sumará un nuevo problema a los que lleva años soportando en su tesorería. Si ya le costaba captar ingresos para cuadrar sus presupuestos, ahora tendrá que asegurarse otros adicionales para pagar la indemnización millonaria que tendrá que asumir ante Acciona y BTG Pactual. Vila y Mas-Colell se comprometieron a ello en una carta que ambas compañías siempre han blandido como garantía de que ellas no perderán dinero en esta historia. A los casi 300 millones que el consorcio pagó a la Generalitat cuando suscribió el contrato se tendrán que sumar las inversiones efectuadas hasta ahora y a nadie se le escapa una contraprestación por el lucro cesante.

El desembarco de Agbar en la concesión tampoco está del todo clara. Primero porque desde Territorio también se ha defendido siempre que si Acciona no cumplía con el cuadro de inversiones, como argumentaba el OARCC, Agbar tampoco. Y en el caso de la participada de Suez Environnement existe otro riesgo: que las autoridades de la competencia afirmaran que el grupo tiene demasiado peso en la distribución del agua en Cataluña. Solo un ejemplo: siendo el gestor de ATLL en algunas ciudades controlaría todo el proceso del agua: desde su captación en las cabeceras de los ríos hasta el suministro del agua de boca. ATLL sigue siendo un mar de dudas.

El cálculo está hecho, pero ni Generalitat ni Acciona han querido desvelarlo. La compañía sí ha lanzado, no obstante, varias advertencias al Gobierno. La más seria, la de de que adopte "la continuidad contractual, respetando las obligaciones y atendiendo a las responsabilidades que igualmente le incumben", ha anunciado en un comunicado. El grupo ha amenazado con emprender acciones legales si no se respeta el contrato, considera que la mesa ratificará su oferta e insinúa que el anuncio afectará negativamente a "la credibilidad y estabilidad de Cataluña como un entorno seguro" para posibles inversores. Agbar, por su parte, asegura que espera que la Generalitat le dé el contrato de forma inmediata.