La Fiscalía mantiene la petición de cárcel para los ‘17 de Cofrentes’
El juicio por la protesta antinuclear de 2011 queda visto para sentencia tras cinco sesiones Están encausados 16 activistas de Greenpeace y el fotoperiodista Pedro Armestre
La representante de la Fiscalía no ha rebajado los dos años y ocho meses de prisión que pide para los 17 encausados por la protesta antinuclear del 15 de febrero de 2011 en la central de Cofrentes. En la quinta y última sesión del juicio, este jueves, mantuvo que efectivamente se cometieron los delitos de desórdenes públicos, daños y lesiones, y que se cometieron con dolo (voluntad de delinquir). La defensa, por su parte, reiteró que lo único que querían los 16 activistas de Greenpeace y el fotoperiodista Pedro Armestre era, respectivamente, protestar de forma pacífica e informar, y que no se ha podido demostrar lo contrario. Por ello, ha pedido la absolución.
La defensa ve una “falta absoluta de concreción” de los hechos cometidos
La empresa energética Iberdrola —propietaria del complejo nuclear— y los guardas de seguridad se han adherido a la conclusión del Ministerio Fiscal. Esta se puede resumir en que los activistas se organizaron previamente con la intención de perturbar “la paz social y el orden público”, a sabiendas de que, para ello, iban a tener que causar desperfectos y enfrentarse con el personal de la central.
"Hoy es un día triste"
Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, mandó un mensaje después del juicio a “todas las Iberdrolas”: “No van a pararnos, ni con multas ni con amenazas de cárcel. Tenemos el deber de denunciar los problemas medioambientales”.
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, que se iba a aprobar horas más tarde, apuntó: "Es un día triste. Tras casi 40 años de democracia, la sociedad civil se va a ver hurtada de uno de los elementos básicos consagrados en la Constitución, que es la libertad de expresión".
"¿Alguien piensa que si las lanchas Greenpeace no se hubieran puesto bajo los barcos que lanzaban bidones con residuos radioactivos en el Atlántico, estos se hubieran dejado de verter? ¿Alguien piensa que si los activistas de Greenpeace no se hubieran subido a la chimenea de la central de Pasajes, estaría cerrada hoy en día? ¿Alguien piensa seriamente que nuestros gobernantes aplican de forma decente el artículo 45 de la Constitución? ¿Alguien piensa que si los ciudadanos no se manifiestan pacíficamente, los políticos van a reaccionar? Los 30 años de historia de Greenpeace demuestran que no", ha manifestado, para luego cerrar: "La Ley de Seguridad Ciudadana consagra un principio de persecución a aquel que evidencia los fallos del sistema".
La acusación también contempla el pago de 360.000 euros por Greenpeace como responsable subsidiaria. De ahí se desglosan las multas, las indemnizaciones a los guardas heridos leves o con contusiones, de entre 90 y 1.200 euros, y el dinero que asegura haber perdido Iberdrola: 220.000 euros (solo por la reparación de tres agujeros en las vallas y el borrado de las palabras “peligro nuclear” de una sus torres de refrigeración, la energética pide cerca de 30.000 euros).
Los tres letrados de la defensa de los 16 activistas y el reportero Pedro Armestre —premio Ortega y Gasset 2014— concluyeron que, ante la “falta absoluta de concreción” de los hechos supuestamente cometidos, prevalece la presunción de inocencia.
No se ha podido demostrar, según su versión, que los acusados tuvieran otra intención que llevar a cabo una protesta pacífica, que actuasen como un grupo organizado o que alguno de ellos “empujase, golpease o agrediese” a ninguno de los guardas.
Si el abogado de Iberdrola pidió un fallo condenatorio para garantizar que el Estado de Derecho funciona y no “crear inseguridad”, uno de los de la defensa alegó que “lo único que crea inseguridad es lo que se quería demostrar: lo fácilmente que 40 personas pueden entrar en una central nuclear” (todos los testimonios apuntaron a que en la protesta participaron muchas más de 17 personas).
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