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Sanidad pide impugnar la ordenanza que regula los clubes de cannabis

El delegado del Plan Nacional sobre Droga afirma que invade competencias estatales

Botes con marihuana en un club de cannabis de San Sebastián.
Botes con marihuana en un club de cannabis de San Sebastián.

La Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, que pertenece al Ministerio de Sanidad, ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie la impugnación de la ordenanza del Ayuntamiento de San Sebastián (País Vasco) que, desde el 5 de diciembre pasado, regula los clubes de cannabis. "Invade competencias estatales en materia de seguridad ciudadana y de coordinación de la sanidad", ha afirmado Francisco Babín durante la presentación, este jueves, de una investigación sobre la percepción en el consumo de drogas en España. El estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) revela que, aunque el 70% de la población considera que "hay que luchar por una sociedad sin drogas", una mayoría —el 52,1%— se muestra partidaria de permitir la venta de marihuana a adultos.

La ordenanza de San Sebastián supone el reconocimiento administrativo de los locales de marihuana e impone obligaciones, como la obtención de una licencia, el cumplimiento de un horario —de 08.00 a 22.00— y la prohibición de la entrada de menores. "En España, sembrar, recolectar y distribuir sustancias fiscalizadas constituye un ilícito contemplado en el Código Penal. La ordenanza trata de entrar en una competencia estatal", ha defendido el delegado, que ha evitado profundizar sobre la norma del Gobierno vasco sobre adicciones, que también reconoce la existencia de estos clubes, porque se trata todavía de un proyecto de ley. "En su momento veremos si ha de tomarse alguna medida".

La Abogacía de Estado aún debe fijar el criterio jurídico y proceder en consecuencia. Para el delegado del Gobierno, es más "potente" el mensaje "procannábico" que el restrictivo. "Estamos en pleno tsunami del cannabis", ha valorado Babín, que ha mencionado dos razones para este cambio en la sociedad: el "bombardeo permanente" de mensajes de los grupos procannábicos y la "infinidad" de recursos en campañas internacionales a favor de la legalización.

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