Bilbao 48 cajas, Confebask dos folios

Indirecta o directa. Nadie sabe a ciencia cierta cómo interpretar la respuesta que ha dado la Diputación Foral de Bizkaia a la petición de información sobre las denominadas vacaciones fiscalesque remitió la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el pasado septiembre. Hay quien en medios judiciales se inclina por pensar que en Bizkaia la osadía se paga, y en consecuencia ya ha extendido la primera factura al fiscal superior por dar cauce a las demandas del sindicato mayoritario ELA sobre aquellas ayudas consideradas ilegales por la UE y que han costado a los ciudadanos vascos 30 millones de euros de sus impuestos.

En vez de disimular que han aprendido la lección después de dos décadas de litigios con los tribunales europeos, —la multa ha llegado por retrasar la aplicación de las sentencias comunitarias— y empezar a poner las cosas fáciles a los tribunales, siguen en sus trece. Los menos creen que se trata de una apuesta a tumba abierta por la transparencia.

El caso es que diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha respondido con el envío de una furgoneta con 48 cajas de documentación, a la diligencia de la fiscalía del pasado 25 de septiembre, en la que solicitaba información al consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, y a los tres diputados generales sobre todas las actuaciones que pusieron en marcha entre 2006 y 2013 para recuperar las ayudas ya consideradas ilegales por los tribunales europeos.

La maniobra, que ha obligado a la justicia a habilitar una habitación sólo para el medio centenar de voluminosas cajas con documentos, no es nueva. La UE se quejó amargamente durante el proceso que acabó en la millonaria multa a las diputaciones forales, de las maniobras dilatorias que utilizaron las instituciones, como el envío de furgonetas llenas de documentación a Bruselas para que fueran los propios funcionarios quienes cribaran y fijaran cuáles de las ayudas eran compatibles con la UE y cuáles no. Una actitud más propia de los acusados de delitos penales, que de las administraciones que gestionan los recursos de los ciudadanos.

Según fuentes judiciales, la historia se repite. El oficio del fiscal superior, Juan Calparsoro,  solicitando la remisión de información sobre “todas las actuaciones llevadas a cabo por cada diputación, así como las resoluciones adoptadas para recuperar las ayudas a las empresas de su territorio de conformidad con la sentencia del 14 de diciembre de 2006, desde la fecha de esa sentencia hasta la recuperación integra de las ayudas” en 2013, ha sido leída en Bizkaia al pie de la letra.

El oficio solicitaba además, “copia de los acuerdos o resoluciones adoptados” y alguien en la casa de José Luis Bilbao debió de entender que, de esa manera, no se dejan nada en el tintero.

De las cinco administraciones interpeladas, Gobierno vasco, las tres diputaciones y Confebask, sólo Álava y Gipuzkoa siguen sin contestar con papel, aunque se han comprometido verbalmente, según fuentes judiciales, a responder en breve. De las cinco, la más ajena a las estrategias que acabaron con el pago de la multa es Gipuzkoa.

Fuentes conocedoras del proceso explican que, frente a los escritos autoexculpatorios del resto, la Diputación Foral de Gipuzkoa es la que tiene las manos más libres para hacer un relato autocrítico de las actuaciones institucionales. Y más ahora, cuando Bildu ha roto la negociación presupuestaria con el PNV.

Frente a las 48 cajas del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, la fiscalía tiene ya en su poder los pocos folios, “dos o tres” de explicación que ha remitido Confebask, en los que se excluyen de cualquier responsabilidad.

De hecho, aunque Confebask participó de manera activa en las reuniones junto a Gobierno y diputaciones en las que se pactó seguir adelante con una defensa judicial colegiada de las ayudas tributarias, ellos son los que han acabado devolviendo las ayudas y los ciudadanos pagando la multa. Diputaciones, Gobierno y Confebask defendieron in extremis que las ayudas económicas que las diputaciones concedieron desde 1993 hasta el año 2000 a centenares de empresas eran legales, pese a doblar y triplicar las permitidas en su entorno continental, y se atrincheraron en la defensa de su capacidad para legislar, blindando su posición con abogados caros y especializados. El Gobierno vasco sí está preocupado con el devenir de esa investigación judicial. El consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha remitido un informe a la fiscalía con las actuaciones adoptadas, incluido el pago de 21 millones de la multa de los 30, pese a que del total de los 700 millones que se concedieron, el 66% los aplicó Álava, en buena parte en el sector de las bodegas.