Los ecologistas solo admiten que fueron a Cofrentes a protestar

Los nueve primeros activistas de Greenpeace en declarar por su acción reivindicativa de febrero de 2011 en la central nuclear de Cofrentes aseguraron ayer que solo querían protestar contra este tipo de energía. Que no tenían un plan preconcebido para desestabilizar la central, ni respondían instrucciones de la organización ecologista. Tampoco causaron desperfectos —más allá de la enorme pintada en una de las torres de refrigeración—, ni hicieron daño a nadie, según su versión.

La fiscalía les imputa los delitos de desórdenes públicos, daños y lesiones, por los que pide dos años y ocho meses de prisión para cada uno de los 17 procesados, así como el pago de 360.000 euros en concepto de multas e indemnizaciones, a los que debería hacer frente Greenpeace.

La defensa intentó dibujar unos hechos “pacíficos” y desorganizados

La acusación —secundada por la propietaria de la central, Iberdrola, y los guardas jurados— mantiene que mientras los 16 activistas y el fotoperiodista Pedro Armestre intentaban entrar en el complejo con la ayuda de una radial y otras herramientas, se dio un forcejeo con los guardas. Tres salieron heridos, dos de ellos con contusiones y otro, siempre según la fiscalía, por un corte de carácter leve de la radial en el abdomen.

Sin embargo, los nueve imputados declararon ayer que sortearon la primera valla “pasando por encima, porque estaba tirada”, y que superaron las otras dos a través de unos agujeros que encontraron en las mismas. Uno de ellos se recreó incluso narrando cómo entró “cargado con 45 kilos o más a la espalda”, por su propio pie, y sin que nadie se lo impidiera. Todos afirmaron haber recibido un mensaje de móvil a modo de convocatoria, aunque negaron tener alguna idea de quién pudo ser el remitente del mismo.

Los testimonios dibujaron la escena de aquel 15 febrero de 2011 como la de un confuso “barullo”, donde las decisiones se iban tomando “sobre la marcha”, sin cumplir órdenes de nadie, y en la que no se entendía lo que decían unos guardas jurados nerviosos, “diciendo cosas sin sentido” e incapaces de controlar a sus perros. El corte abdominal habría sido causado por un alambre suelto. El carácter pacífico de la acción fue reivindicado de manera repetida.

Las preguntas de los abogados defensores se centraron en apuntalar esta idea. También en que no hubo organización, que los intrusos no encontraron resistencia para entrar y que no pretendían poner en peligro las instalaciones (algo que, según las notas informativas del Consejo de Seguridad Nuclear de aquel día, no llegaron a hacer). De las penas de cárcel que la acusación solicita para los 17 acusados, dos años corresponden al delito de desórdenes públicos, por lo que de su confirmación o no puede depender que los acusados ingresen en prisión.

Yo lo que recuerdo es que vi una torre y pensé: 'Voy a hacer que vea todo el mundo que esta energía no es segura' El primer acusado de la sesión

Iberdrola, que cifra en 221.000 euros los perjuicios por desperfectos y horas de trabajo perdidas, incidió, además de en los daños y las lesiones, en que se tuvo que declarar la alerta de emergencia.

Antes de comenzar los interrogatorios, la magistrada del Juzgado de lo Penal 11 de Valencia aceptó como prueba un vídeo presentado el lunes pasado por el abogado de Iberdrola. Se trata, según dijo este, de extractos de vídeo de las cámaras de seguridad de Cofrentes. Los abogados defensores habían rechazado de plano la admisión de la prueba, criticando que, después de la “dilatada” fase de instrucción, la acusación esperase “hasta el último momento” para presentar las imágenes. Sugirieron de manera reiterada que podían haber sido manipulados e hicieron constar sus protestas firmes. La juez respondió que solo tendrá en cuenta las imágenes en caso de poder garantizar su autenticidad.

Durante la jornada de ayer se sucedieron las muestras de apoyo al fotoperiodista Pedro Armestre, que fue a cubrir de manera independiente los hechos. La Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión y la Agrupación de Periodistas de UGT pidieron la retirada de cargos contra él. La Unió de Periodistes Valencians, por su parte, calificó de “desproporcionada” la pena propuesta por la fiscalía y recordó que una hipotética condena “condicionaría sus próximas coberturas informativas”.

El tono del relato que ofrecieron los nueve activistas se ilustra bien en las frases del primer interrogado: “Yo lo que recuerdo es que vi una torre y pensé: ‘Voy a hacer que vea todo el mundo que esta energía no es segura”. “¿Y no cree que para eso están los representantes políticos, por ejemplo?”, le preguntó la fiscal, a lo que este contestó: “Sí, alguna vez lo habrán hecho... Pero quizá no se les había escuchado”.