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Agua gratis durante 21 años

Los vecinos de Santa Eugenia riegan sus jardines con la red del Ayuntamiento desde 1993

El portavoz de la asociación de vecinos muestra un contador del canal de Isabel II. Ampliar foto
El portavoz de la asociación de vecinos muestra un contador del canal de Isabel II.

“No podía continuar aguantando este fraude y seguir quejándome de los políticos corruptos”. El que habla es el portavoz de la Asociación de Vecinos de Santa Eugenia, en el distrito de Villa de Vallecas (99.674 habitantes). Y el fraude al que se refiere se remonta a 1993 y llega hasta la actualidad. Durante 21 años, la mancomunidad a la que pertenece su edificio ha estado regando las siete hectáreas de jardines privados de su urbanización con agua de la red del Ayuntamiento sin pagar un céntimo. “El Consistorio lo sabía y lo ha permitido”, dice el portavoz, que ha denunciado a la directora de zonas verdes del Ayuntamiento y “subsidiariamente” a la alcaldesa por “presunta malversación de fondos públicos”.

Riego en la colonia residencial Santa Eugenia pulsa en la foto
Riego en la colonia residencial Santa Eugenia

“Aunque ellas no se hayan beneficiado de la sustracción de caudales públicos, han consentido que otros lo hagan y eso, según el diccionario de la Real Academia, es malversar”. El portavoz de la asociación de vecinos, Carrión Chaves, se muestra tajante con este asunto que empezó como un acuerdo entre la concejala que gobernaba la junta municipal del distrito de Villa de Vallecas en 1993, Elena Utrilla (PP), y el entonces presidente de la mancomunidad. Los vecinos se comprometieron a conservar algunas zonas verdes de propiedad municipal a cambio de obtener agua gratis para los jardines privados. Así, los más de 3.000 residentes que pertenecen a la mancomunidad se han ahorrado 1.260.000 euros, según estimaciones de Chaves basadas en las últimas cuotas que pagaron y que ascendían a 10 millones de las antiguas pesetas al año. Un dinero, que como apunta el portavoz vecinal, ha sufragado el erario público y “pertenece a todos los madrileños”.

Chaves envió varias cartas tanto al Ayuntamiento como al Canal de Isabel II, el ente público responsable de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, para informar de lo que se estaba haciendo en su barrio. Pero nunca obtuvo respuesta. Al menos, ninguna que les satisficiera. En junio de 2013, la directora general de Áreas Verdes, Marta Alonso, avisó a los vecinos de que debían solicitar al Canal una acometida propia, ajena a la red de riego contratada por el Ayuntamiento, y les daba un mes antes de “cortar los enganches fraudulentos”. Más de un año y medio después, el Consistorio sigue pagando las facturas de riego de la mancomunidad.

Los motivos que llevaron al acuerdo verbal entre la Administración y los vecinos difieren según a quién se pregunte. Para Chaves, lo único que pretendía la exconcejala del PP era obtener rédito político. “Quería conseguir votos”, opina el portavoz de la asociación. Y destaca que cuatro de los cinco vocales de la junta municipal viven en la mancomunidad “y se benefician del impago”. El administrador de las fincas —hasta el pasado 25 de noviembre— insiste en que este tipo de acuerdos con la Administración son “muy frecuentes” y que se hizo a cambio de permitir la instalación de infraestructuras de servicios dentro de la urbanización y de conservar los jardines municipales colindantes con sus zonas verdes.

Un vecino denunció al Consistorio por “malversación
de fondos públicos”

Los vecinos, por su parte, “se sublevaron”, cuenta Chaves, ante la subida de las tarifas impuestas por la orden 1002/1992 del 23 de diciembre, según la cual los propietarios de los 25 edificios mancomunados tenían que pagar “un 200%” más que los residentes en los otros 55 bloques de la colonia con jardines similares. La mancomunidad tendría que haber abaonado por el consumo de agua necesario para regar todas sus zonas verdes en conjunto. Y las tarifas se calculan por tramos.

Un portavoz del Área de Medio Ambiente asegura que “se ha solicitado información tanto a los propietarios, como a la junta de distrito” sobre el acuerdo del que la dirección de zonas verdes “no tiene constancia” para adoptar “soluciones”. En lo que todos parecen estar de acuerdo es en que no se puede reclamar el dinero a los vecinos porque no hay contadores instalados para medir el agua consumida.

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