El Parlamento aprueba la tasa del cine por amplia mayoría

Una amplia mayoría del Parlamento catalán — CiU, ERC, PSC, IC-V y CUP— aprobó ayer la bautizada como tasa del cine: el impuesto a los operadores de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual. Será una cuota fija de 0,25 euros al mes por cada conexión de ADSL que hagan las compañías, ya sea por telefonía fija o por móvil. Un nueva tasa que pretende recaudar unos 20,5 millones de euros anuales y que se destinarán a la industria audiovisual. “Tendrá claras repercusiones en todo el sector, desde empresas de la animación, la ficción, el documental y de forma indirecta la música”, apuntaba ayer el El consejero de Cultura, Ferran Mascarell. Se trata, en palabras del consejero, de “un paso de gigante” y, en su opinión, “la la medida de fomento a la cultura más importante de los últimos 25 años en Cataluña”.

La ley, que fue promovida de forma muy activa por el sector, entrará en vigor inmediatamente y la tasa se cobrará con efectos de enero de 2015, apuntaban desde el departamento de Cultura. No obstante, para que la ley se pueda desarrollar necesita un reglamento. Para PROA, que engloba a los productores audiovisuales de Cataluña, la aprobación de la ley es una “excelente” noticia. El sector confía en participar activamente en la redacción del reglamento, una necesidad a la que se aludió ayer expresamente en el debate parlamentario previo a la aprobación de la ley. Tanto el Partido Popular como Ciutadans (C's), que con anterioridad habían votado en contra, modificaron su posición y ayer se abstuvieron. La diputada del PP Alicia Alegret ha criticado que "es un nuevo impuesto que tendrán los catalanes y no el resto de ciudadanos de España" y ha vaticinado que, al gravar a las operadoras, podría perjudicar a las inversiones que hacen en mejoras tecnológicas. José Manuel Villegas (C's), por su parte, ha expuesto que su partido no ve claro el impuesto porque es "imposible que el legislador controle" si lo pagarán íntegramente las empresas o acabará repercutiendo en los consumidores, que pueden ver cómo aumenta el precio de su conexión a la red.

Uno de los puntos que debe fijar el reglamento es la forma concreta de la recaudación de la tasa y qué órgano será el encargado. Desde el departamento de Cultura de la Generalitat se apuntaba la posibilidad de que el nuevo tributo será recaudado por la Agencia Tributaria. Sin embargo, otras fuentes señalaban que podría ser el propio departamento de Cultura quien lo recaudara o, incluso, un organismo nuevo facultado expresamente para ello.

La otra cara de la moneda en este asunto son las operadoras de telefonía que han rechazado la tasa desde el primer momento en que Mascarell la defendió. Desde Ametic, la patronal que reune a las teleoperadoras, se insistía ayer en que no estarán de brazos cruzados: “Esta misma tarde ya se ha planteado qué acciones iniciar contra la ley aprobada en el Parlamento catalán”, señalaba un portavoz de Ametic. Unas acciones que podrían ser judiciales. La patronal de las operadoras de telefonía considera que la nueva tasa perjudica a las compañías —las que operan en Cataluña son Ono, Orange, Vodafone y Telefónica— porque se suma a otras que ya pagan: un 0,9% de los ingresos para financiar a RTVE y un 5% destinado a financiar las producciones audiovisuales europeas y españolas.

Ametic también rebate un punto concreto de la ley, el que prohibe que se repercuta en el usuario el nuevo impuesto: “algo así es simplemente una injerencia porque ninguna administración puede decir a una empresa cómo regular sus tarifas. Ni la catalana ni ninguna”.