El ex líder de la patronal del metal irá a juicio por quedarse fondos públicos

El empresario Antoni Marsal tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por haber saqueado, presuntamente, los fondos de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) cuando ostentaba la presidencia. La juez ha dado por cerrada la investigación y concluye que Marsal se apoderó de “fondos privados y fondos públicos” de la patronal del metal, que agrupa a más de 18.000 empresas del sector. El dinero público malversado —unos 310.000 euros— procedía de subvenciones del Estado y de la Generalitat que, en principio, debían destinarse a “la formación de trabajadores del sector”, según el auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para justificar el supuesto saqueo —que entre fondos públicos y privados supera los 600.000 euros— Marsal “emitió facturas mendaces” a través de empresas de su propiedad que, en realidad, no prestaron trabajo alguno para la UPM. El exlíder de la patronal —una de las sectoriales más potentes de Fomento del Trabajo— “ingresó esas cantidades en cuentas en el extranjero no declaradas en España”. Después, usó el dinero para cancelar una deuda que otra empresa había adquirido con Banc Sabadell, dice la juez.

Junto a Marsal, serán procesadas otras cinco personas. Una de ellas es el exdirector de la UPM y mano derecha de Marsal, Ángel Hermosilla, que presuntamente autorizó los pagos a las empresas de Marsal y avaló otros a su esposa, Margarita Sánchez —también imputada— por “trabajos que ésta no había realizado”. La juez también se dirige contra dos exempleadas de la UPM: la responsable del departamento de formación, Magdalena Grau, y la de administración, Isabel López. Ambas debían “velar por el correcto destino de los fondos” públicos y privados que manejaba la entidad y no lo hicieron, concluye la magistrada.

El sexto acusado es Ángel Blesa, que fue jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña entre 1994 y 1997 y actualmente ejerce como asesor fiscal. “En connivencia” con Marsal, y “tras haberle asesorado sobre la forma en la que podía apoderarse en su beneficio de fondos públicos”, el exinspector se prestó a ayudarle en el saqueo. Blesa, según la juez, emitió tres facturas falsas (por un total de 60.000 euros) a la UPM por trabajos que no prestó relacionados con los cursos de formación. Blesa se ofreció a cobrar los importes, para, “posteriormente, derivar” el dinero a otra de las mercantiles del expresidente de la UPM, que se quedó el dinero.

El empresario ingresó el dinero en el extranjero y lo usó para pagar una deuda

La juez cree los indicios recogidos hasta ahora —la denuncia inicial de la plantilla, la auditoría de PriceWaterhouseCoopers, los documentos, las gestiones de la policía y las declaraciones de los imputados— son suficientes para llevarles a juicio. La Fiscalía debe solicitar ahora las penas de prisión y las indemnizaciones que considere oportunas.

Tras casarse con una de las propietarias de Estampaciones Sabadell, Marsal dirigió la firma textil durante 23 años y se convirtió en símbolo del Vallès industrial. Hasta que se separó. En 2006, se hizo con los mandos de la patronal del metal. Se mantuvo en el cargo hasta 2012, cuando los trabajadores forzaron su renuncia tras descubrir irregularidades en su gestión. En seis años, la UPM había pasado del superávit a los números rojos.

La querella posterior llevó a la Guardia Civil a detenerle en mayo de 2013. La juez le impuso una fianza de un millón y, como no la abonó, le embargó una finca en la Cerdanya. También le envió a prisión provisional por esta causa, en la que está imputado por apropiación indebida, malversación y falsedad. Marsal, además, se acogió a la amnistía fiscal para aflorar su capital en el extranjero.