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Alcorcón anula el nombramiento de la mitad de todos sus funcionarios

La oposición tenía vicios "groseros y ostensibles", según el Consejo Consultivo

El alcalde de Alcorcón (en el centro), en un pleno municipal en enero. Ampliar foto
El alcalde de Alcorcón (en el centro), en un pleno municipal en enero.

El Ayuntamiento de Alcorcón (170.000 habitantes) ha anulado el nombramiento de la mitad de sus funcionarios, 620 puestos, que trabajaban como personal laboral antes de aprobar una oposición en 2011. El gobierno local, del PP, se apoya para ello en un informe vinculante del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que aprecia vicios de nulidad "groseros, graves y ostensibles" en el proceso de funcionarización, hecho por el anterior equipo socialista.

La anulación de los 620 nombramientos de funcionarios, más de la mitad de los 1.154 con los que cuenta el Ayuntamiento, comenzará a comunicarse el viernes a los afectados, que volverán a su condición de personal laboral. El informe del Consejo, elaborado tras una consulta del actual equipo de gobierno y fechado el 30 de julio, aprecia "tal cúmulo y reiteración de vicios e irregularidades", que deduce que el Ayuntamiento prescindió de todo procedimiento legal.

Aunque el documento anula la norma que aprobó el Consistorio en 2011 para realizar la funcionarización y especifica que los concretos nombramientos que se hayan derivado de ella no tienen por qué ser nulos también, el Ayuntamiento decidió revertir todos los cambios, tras analizar cada caso. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, negó ayer que vaya a despedir a estos 620 empleados, aunque no descartó "algún ajuste" de plantilla que, en cualquier caso, será "menor". "El PSOE convirtió el proceso en un coladero para que personas sin derecho a adquirir la condición de funcionario lo hicieran. Se les quiso blindar en un procedimiento que fue abusivo, salvaje e irregular".

Un caso de "desviación de poder"

La funcionarización de 620 empleados realizada por el Ayuntamiento de Alcorcón en 2011 es un "supuesto claro de desviación de poder", asegura el Consejo Consultivo en su informe.

Según el órgano, el Consistorio configuró este procedimiento como una fórmula para que el personal laboral accediera a la categoría de funcionario, y no como una vía de promoción interna abierta a los funcionarios que quisieran ascender, como marca la ley. La normativa, dice el informe, exige además que el personal laboral que participe en estos procesos selectivos esté prestando servicios de carácter funcionarial antes de 2007, la fecha de entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma que ampara este tipo de procedimientos.

El entonces regidor de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, aseguró ayer: "Fue una decisión política para unificar al máximo la cuestión de los funcionarios, que además suponen un coste inferior a la Administración que el personal laboral". Cascallana negó que, por este procedimiento, empleados temporales se convirtieran en funcionarios, sino que en todos los casos el cambio de condición afectó a personal laboral fijo.

El actual alcalde, David Pérez (PP), criticó que por la "irresponsabilidad" del PSOE "se haya perjudicado a muchos grandes profesionales que trabajan en el Ayuntamiento y que, de no haberse hecho las cosas tan mal, habrían aprobado la oposición y habrían tenido derecho a tener su plaza de funcionario".

La junta de gobierno de Alcorcón aprobó en febrero de 2011 las bases —tanto las generales como las específicas para cada puesto de trabajo— que debían regir el proceso de funcionarización. El Consistorio estableció entonces una selección por concurso-oposición, que el Consejo califica en su informe de "cosmética jurídica" para "encubrir una integración automática del personal laboral en plazas de funcionario".

El entonces regidor, Enrique Cascallana, calificó ayer de "disparate" la decisión de anular los nombramientos. "No entiendo el objetivo, responde a la obsesión del alcalde por acabar con todo lo que se ha hecho en Alcorcón. La funcionarización se realizó tras negociar con los sindicatos y con todos los informes preceptivos, conforme a los criterios de mérito y capacidad".

El Consejo asegura que el proceso se abrió sin haber elaborado antes la oferta pública de empleo (que se publicó finalmente en junio de 2011) y ya "desde el principio" presentaba "dudas" sobre su legalidad. Según consta en el informe, las pruebas de selección, que el órgano tacha de "pseudo oposición", se dividieron en dos partes: la del concurso, en la que los aspirantes hacían valer sus méritos; y la de oposición, en la que se evaluaban los conocimientos. El Ayuntamiento, en su solicitud de opinión al Consejo, había señalado que en la selección solo se tuvieron en cuenta los servicios prestados en el Ayuntamiento de Alcorcón, y no en otras administraciones, y que se incluyeron pruebas como "la defensa curricular o la entrevista con el candidato".

En la fase del concurso, explica el Consejo, "solo se valoraron los servicios prestados en el Ayuntamiento", mientras que en la de oposición "no hubo una verdadera prueba de aptitud, sino un sistema de evaluación sui géneris que responde al trabajo que se desempeña habitualmente". En esta segunda evaluación, continúa el informe, había un primer ejercicio práctico y una segunda parte, que podía consistir en la defensa oral del primer ejercicio o del currículum del aspirante. El mérito de los servicios prestados, apunta el Consejo, "no pueden suplir la necesidad de demostrar los conocimientos y la capacidad exigidos".

El Consejo asegura que el Ayuntamiento permitió que en las oposiciones participaran aspirantes "que no tenían derecho a ello" porque no reunían los "requisitos esenciales". Señala que las bases que detallaban el acceso a algunos de los puestos —como los del patronato de deportes y los de la universidad popular— ni siquiera puntualizaban que la convocatoria era únicamente para personal laboral fijo, como exige la ley. De esta forma, a las pruebas se presentaron, incluso, 23 empleados temporales, según los cálculos del Ayuntamiento.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad ya había señalado varias "anomalías" e "importantes defectos" en el procedimiento, en su informe sobre las cuentas del municipio de 2010, publicado en abril de 2013. Entonces dijo, por ejemplo, que 19 trabajadores habían tomado posesión en dos puestos de trabajo y tres empleados, en otras tres plazas. Apuntó también que se adjudicaron puestos de trabajos correspondientes a tareas que no deberían tener carácter funcionarial. Tras conocer el parecer de la Cámara de Cuentas, el actual equipo de gobierno de Alcorcón solicitó otro informe a la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad, que también apreció motivos para declarar la nulidad.

El Ayuntamiento acordó el pasado diciembre revisar de oficio la funcionarización de los 620 empleados, que según cálculos del alcalde, cuestan "entre 14 y 16 millones" al municipio. "No se ha hecho por motivos de ahorro, sino por una cuestión de legalidad y de protección de la función pública", afirmó Pérez. Durante el procedimiento, el Consistorio ha recibido más de 2.000 alegaciones. El Consejo, a quien el Consistorio pidió opinión para continuar con la revisión, concluye que los vicios de nulidad son tales que "los numerosos interesados no pueden alegar buena fe o una confianza protegible".

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