La Junta multa a dos bancos con seis millones por las viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha impuesto una sanción de 5,8 millones de euros al Banco Popular y otra de 120.000 euros al Banco Sabadell por incumplir la obligación legal de facilitar a los registros municipales el listado de viviendas protegidas que tienen en la comunidad. Esta es la segunda ocasión que la Consejería de Fomento multa a entidades financieras por vulneración de la ley de Función Social de la Vivienda, más conocida como ley antidesahucios.

La primera multa la puso el mes pasado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el banco malo, a la que sancionó con 120.000 euros.

Además, el departamento que dirige Elena Cortés (Izquierda Unida) mantiene abiertos otros seis expedientes sancionadores a entidades financieras por negarse también a facilitar a los registros municipales las viviendas protegidas que poseen en Andalucía. Entre otras instituciones bancarias, se encuentran el BBVA, el Banco Santander o Servihabitat (de La Caixa). También tiene abierto otro expediente a la Sareb que suma 11,7 millones por el mismo motivo.

Díaz pide a Rajoy que retire el recurso contra la ley antidesahucios

La ley andaluza contempla una sanción de hasta 60.000 euros por cada vivienda protegida que los bancos posean en la comunidad y que no se ponga a disposición de los ayuntamientos para facilitar su venta o alquiler. La normativa considera una infracción muy grave el hecho de que no se comunique esta circunstancia. “Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria a una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las viviendas protegidas no pueden servir a fines especulativos”, ha afirmado este lunes Cortés en un comunicado de Fomento.

La ley antidesahucios es uno de los símbolos del Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida en la actual legislatura. La norma, que fue analizada por la Unión Europea para conocer su impacto en el mercado inmobiliario, se encuentra paralizada parcialmente por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno de Mariano Rajoy presentase un recurso contra algunos preceptos.

En concreto, el alto tribunal mantiene la suspensión sobre dos aspectos que contemplaba la normativa autonómica: la expropiación del uso temporal de la vivienda a las entidades financieras (un máximo de tres años) cuando el desalojo afectase a familias en situación de exclusión social y la posibilidad de imponer multas a los bancos que no pusiesen en alquiler los inmuebles de los que son propietarios en Andalucía.

Precisamente, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este lunes al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire “cuanto antes” este recurso ante un “drama de magnitud”, como el de los desahucios, que afecta a miles de familias.

En una comparecencia en Castellar (Jaén), donde inauguró un colegio público, Díaz ha señalado que las entidades multadas “han incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes”. “La ley está para cumplirla y los bancos tienen la obligación de cumplirla poniendo a disposición la información que solicita el Gobierno andaluz, y aquellos que no lo hagan, lógicamente aplicaremos la ley”, ha subrayado la presidenta andaluza.