Velar por las condiciones laborales

Pueda que usted sea un trabajador asalariado, un autónomo ordinario, un autónomo económicamente dependiente, un funcionario, un socio cooperativista. Tal vez sea un voluntario o cooperante internacional. A caso, ha conseguido una beca de trabajo. Pero también puede ser que trabaje en situación irregular o que sea un falso autónomo. También puede que sea un extranjero en situación irregular o una persona que padece la explotación laboral.

Y ante la pregunta de quién velará por sus condiciones laborales, la respuesta no puede ser otra que la propia sociedad. En efecto, y sin exageraciones, puede afirmarse que nos encontramos ante una nueva “cuestión social”. Bien distinta a la que conocieron nuestros antepasados, pero no menos dramática en sus nocivas consecuencias para los valores superiores de libertad, justicia e igualdad.

A causa del trabajo, la vida de la mayoría de las personas se ha complicado. Se echan de menos espacios de “quietud” y “silencio”. Hay demasiado “ruido” a nuestro alrededor. Se quita tiempo al sueño, a la alimentación y, dramáticamente, a la familia. Quizás por ello se hable tanto de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Es curioso que ahora que disponemos de más recursos y tecnologías que nunca se nos resquebraje la sociedad. La globalización abre nuevos horizontes. Pero si no se pone a la persona, y esta a sus ejes superiores, en el centro, también genera zozobra. Pérdida del norte.

Paro “estructural”, temor a perder el puesto de trabajo, deslocalizaciones, sistema público de pensiones amenazado por el desequilibrio en los flujos cotizaciones-prestaciones, despidos y suspensiones de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción, inaplicación de convenios colectivos, modificaciones de condiciones laborales, expatriaciones y desplazamientos de trabajadores, mayores expectativas de vida pero también aumento de enfermedades y de dependencia...

En esa tesitura, aumenta la conflictividad. La normativa que regula los distintos regímenes profesionales se ha convertido demasiado compleja. Estatutos y leyes de todo tipo, superficiales y repletos de idas y venidas, contenidos programáticos y remisiones a futuras regulaciones… Y la maraña normativa no deja de crecer.

Por todo ello, es preciso recobrar la esencia para convivir, a saber, no contrariar la moral. Esa moral de la que también nos habla el Código Civil, que inspira los valores antes mencionados, y se manifiesta en el principio de buena fe, tantas veces contemplado en el Derecho social. Claro está, la puesta en práctica de todo ello requiere de una previa formación multidisciplinar de los futuros asesores jurídico-laborales y gestores de personal. Una formación que aglutine saberes como economía, derecho, historia, psicología, filosofía y ética.

Francisco Javier Arrieta es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Deusto.

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