La salud, a concurso

Dentro de unos días saldremos de dudas. En unas semanas sabremos si el grupo Eulen se va a encargar de gestionar al menos dos de las cuatro áreas básicas de salud que salen a concurso: en l'Escala (Alt Empordà) y Alcover (Alt Camp). Algunos ayuntamientos han puesto el grito en el cielo ante la eventualidad de que la salud de sus ciudadanos pase a estar gestionada por una multinacional de los servicios, como limpieza o seguridad, a empresas.

Las aguas tranquilas de la sanidad catalana, que pretendían ser reflejo de un orgulloso modelo propio, de calidad, con un marchamo de prestigio frente a la primitiva España, de pronto bajan turbias. Alguien ha descubierto que la zorra caza impunemente en el gallinero. El depredador había entrado por la puerta y llevaba años ganándose la confianza del corral completo, con la increíble connivencia de los payeses.

La zorra vio las puertas abiertas desde el inicio del régimen pujolista. Un primer paso fue la creación de los consorcios sanitarios —defendidos desde la izquierda por PSC y ERC— con el ánimo de cederles los hospitales construidos por la Generalitat. De esta manera, el pastel se repartía entre mutuas, fundaciones religiosas, ayuntamientos, cajas de ahorro y, en suma, partidos políticos. La voluntad de la administración era no modificar el futuro y dejar que el pasado adquiriera carta de naturaleza. En 1981, año de las transferencias sanitarias, solo el 10% de los hospitales catalanes procedían del Insalud, el resto pertenecían a entidades públicas locales o eran privados concertados. Lo mismo sucedía en la enseñanza, aunque con cifras no tan escandalosas. La sociedad o, en el caso de la cultura tuvo que hacer tareas de suplencia de un Estado ausente en Cataluña durante la dictadura franquista. La famosa vitalidad de la llamada sociedad civil catalana es también hija de esa desafección de la Administración central respecto a Cataluña.

Así que poco a poco la presencia del sector privado se convirtió en parte del paisaje de la sanidad pública. La Ley Orgánica de la Sanidad Catalana, de 1990, creó la Red de Hospitales de Utilización Pública (XHUP) que favorecía la provisión privada con financiación pública. Seis años después entró en funcionamiento la experiencia de las Entidades Base Asociativa (EBA), sociedades de médicos que gestionaban centros de salud. La continuación lógica de todos esos episodios ha culminado en el asunto que ahora nos ocupa: una multinacional gestionando los centros de salud públicos.

Esa convergencia público-privado ha sido para algunos una oportunidad de negocio. Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, arremetió en 2013 contra los consorcios sanitarios que gestionan algunos hospitales. En su opinión se trata de un modelo que provoca “confusión”. Prueba de ello es el Grupo Serhs S.A., de Ramon Bagó, que se benefició de diversos contratos por un total de 50 millones de euros otorgados por organismos públicos de los que él formaba parte. Bagó, que fue alcalde de Calella por CiU, presidió las sociedades del holding del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) hasta marzo de 2008. A finales de 2011 se reincorporó al Consejo de Administración de las empresas públicas del CSC, y se integró en la comisión ejecutiva de ese holding público. Eso significa que estuvo en el grupo directivo desde el que se tramitaban, informaban y resolvían adjudicaciones que beneficiaron a Serhs, del que Bagó es fundador, accionista principal y presidente. Pero el fiscal no vio delito en ese negocio.

Algo distinto ha sucedido en Reus, donde el juez que investiga el caso Innova —otro éxito rutilante de modelo sanitario catalán que ha dejado en el Ayuntamiento de Reus un agujero de más de 300 millones de euros— quiere aclarar en pieza separada si la Generalitat pagó con fondos públicos la defensa judicial de Josep Prat, principal imputado en el macroproceso. Prat, considerado por muchos socialistas y convergentes un gran activo gran activo del modelo sanitario catalán, compatibilizaba la presidencia del Instituto Catalán de la Salud —del que no cobraba— con la dirección general del holding municipal Innova, de donde percibía unos 280.000 euros. Simultáneamente, también vicepresidía el grupo sanitario privado USP Hospitales.

Con tales campeones del pluriempleo, queda claro que la zorra no se ha movido del corral. Por eso cuando se desvelan “auditorías gratuitas” de renombradas consultoras —como PricewaterhouseCoopers— que recomiendan la venta de una decena de entidades y empresas públicas y la entrega a la gestión privada 18 hospitales y hasta 45 centros de atención primaria, muchos se echan preventivamente la mano a la cartera . Poco importa que el titular de Salud, Boi Ruiz, jure que no va a hacer caso de tales informes. Un consejero que recomienda a sus conciudadanos apuntarse a una mutua privada fácilmente puede dejar que la zorra gobierne el gallinero a su antojo. Al fin y al cabo, en épocas de crisis hay que dejarse de paternalismos y que gane el mejor.