El Síndic pide a Barberá que agilice la exhumación de Teófilo Alcorisa

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Valencia que "agilice la resolución del procedimiento administrativo" para permitir la exhumación de Teófilo Alcorisa, represaliado por el franquismo y enterrado en una fosa común del cementerio General de Valencia. El defensor de pueblo valenciano critica que la demora en resolver el expediente haya supuesto que la familia perdiera la subvención que consiguió para realizar los trabajos y pide al equipo de Rita Barberá que valore este hecho en su decisión.

Teófilo Alcorisa fue represaliado por el franquismo en 1947 cuando la policía del régimen fue a su casa a buscar a su hijo, guerrillero republicano, y, al no encontrarle, se lo llevó a él. Su hija, Pilar Alcorisa (73 años), comenzó en 2009 el procedimiento para conseguir recuperar sus restos. Tras pedir y conseguir una subvención para la exhumación (en el marco de la ley de memoria histórica) de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, la demora en la obtención de los permisos para iniciar los trabajos obligó a la familia a devolver los fondos.

Alcorisa fue detenido en 1947 cuando la policía buscaba a su hijo

El Ayuntamiento de Valencia, instancia que debía permitir el inicio de la excavación, se negó por escrito a autorizarlo alegando la "complejidad técnica" que podía suponer. Aunque la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, negó que hubiera intencionalidad por parte del Ayuntamiento, aseguró que solo permitiría la exhumación "si el juez lo dice".

Las reiteradas denuncias del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica, la investigación abierta por el comité de desapariciones forzadas de la ONU y la denuncia presentada por la familia ante el juzgado, en cuya defensa participa el exjuez Baltasar Garzón, hicieron que el Ayuntamiento de Valencia cediera y permitiera la exhumación de Alcorisa siempre y cuando fuese la familia quien costease los trabajos.

La familia del fusilado ha denunciado  ante el juez su desaparición forzosa

El defensor del pueblo valenciano ha recordado este viernes en sus conclusiones que, "de acuerdo con la promotora de la queja, dichos gastos ascienden a 44.322,27 euros" y considera "injusto que debido a la demora en la resolución del expediente administrativo iniciado en 2009, la familia haya perdido la subvención otorgada por el Ministerio de Presidencia en noviembre de 2009". Aunque el grupo socialista preguntó al equipo de Mariano Rajoy si iba a mediar en el conflicto, el Gobierno respondió que no actuará porque no es su competencia. Ya en febrero de 2008, el presidente del Gobierno se mostraba reacio a dedicar fondos públicos a recuperar la memoria histórica.

El Síndic recuerda en su Resolución que la conocida "Ley de Memoria Histórica" señala que las Administraciones Públicas deberán facilitar a los ciudadanos que demanden las tareas de localización e identificación de los desaparecidos como "última prueba de respeto hacia ellos".

El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana también se hace eco de un Informe de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Dicho documento, que se hizo público en julio de 2014, recomienda al Estado español a actuar con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas, ya que son esenciales dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a las personas desaparecidas durante la guerra civil española y la dictadura.

Por todo ello, el Síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Valencia que "agilice la resolución del procedimiento administrativo (...) valorando, en la resolución que en el mismo se adopte, los efectos que la demora en resolver el expediente iniciado en el año 2009 (...) tuvo en la pérdida de la subvención obtenida de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia en el año 2009".

Dos de los cinco hijos del fusilado han fallecido desde 2009

El Coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, ha recibido con satisfacción lo que considera "la primera buena noticia que la familia de Teófilo Alcorisa ha recibido en años, desde que en 2009 inició oficialmente los trámites para su exhumación".

Alonso ha criticado que lo que Síndic no dice es que "esta política ha hecho que dos de los cinco hermanos que vivían cuando se firmó la petición de exhumación han fallecido y ya no verán el final de su búsqueda". Según recuerda el Coordinador del GRMHV, "el Ayuntamiento de Rita Barberá lleva más de cinco años entre el bloqueo inicial y la extraña actitud actual de autorizar en teoría lo que antes negaba, pero con la cínica imposición de que sea la familia la que corra con todos los gastos de lo que en el fondo es una operación de esclarecimiento de la desaparición forzada de una víctima del franquismo totalmente inocente".

Alonso afirma que "si en algún momento el Ayuntamiento de Valencia ha intervenido o movido papel alguno, ha sido para encontrar trabas y sembrar dudas que hacen aún más necesaria la exhumación; nunca facilitó nada a los hermanos Alcorisa; es más, el principal perjuicio, el económico, lo ha causado su propia actitud de bloqueo obligando a devolver la subvención que les fue concedida por el Gobierno"