La nación estrecha

Con pocas fechas de diferencia, dos organizaciones de inequívoca filiación antiindependentista han coincidido en señalar —tal vez involuntariamente— uno de los factores que, a mi juicio, más han contribuido a poner las relaciones Cataluña-España en la crítica situación presente. El pasado día 12, en Madrid, el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, fue el ponente de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum; y en el curso de esa comparecencia propuso como algo razonable e incluso “necesario” el traslado a Barcelona de alguna alta institución del Estado, por ejemplo —dijo— el Senado o el Tribunal Constitucional.

Cuatro días después, el domingo 16, EL PAÍS informaba del aparente bloqueo de las conversaciones entre UPyD y Ciudadanos de cara a suscribir un pacto electoral; subrayaba que los de Rosa Díez reprochan a los de Albert Rivera no tener “un proyecto nacional”; y ponía en boca de un miembro de Ciudadanos la siguiente réplica: “Somos un partido nacional con sede en Barcelona, ¿o es que Barcelona no está en España?”

Pues no; a los efectos de la concepción del poder y de su asentamiento territorial que caracterizan al establishment, la élite o la casta usufructuaria del Estado, Barcelona no está en España. No debe de ser fortuito que, en dos siglos, no haya existido jamás una organización político-social relevante de ámbito español cuya dirección estuviera domiciliada en Barcelona. El PSOE fue fundado públicamente en 1888 en la capital catalana —que es donde se concentraban a la sazón los obreros fabriles—, pero su núcleo rector venía de las orillas del Manzanares, y a ellas regresó rápidamente. Nacida en la misma ocasión, la UGT mantuvo voluntariosamente su Comité Nacional en Barcelona hasta 1899, pero a la postre tuvo que rendirse a la evidencia estructural: sólo es nacional-español aquello cuyo vértice reside en Madrid. Ni siquiera la CNT escapó, al menos formalmente, a este axioma.

No debe de ser fortuito que, en dos siglos, no haya existido jamás una organización político-social relevante de ámbito español domiciliada en Barcelona

Cuando, en el desayuno antes citado, el señor Josep Ramon Bosch dijo lo de trasladar el Senado o el Constitucional a Barcelona, sus oyentes madrileños no se echaron a reír, porque a esta clase de convocatorias suele acudir gente fina y educada. Pero, en silencio, sin duda pensaban: “¡Vaya, otro catalán iluso proponiendo fantasías! Y mira que este parecía de los nuestros...”.

Otro, porque está en la memoria de todos que el primero en sugerir la mudanza del Senado a Barcelona fue, tres lustros atrás, aquel Pasqual Maragall que defendía una España en red, y la co-capitalidad, y el federalismo asimétrico... “Bah, maragalladas”, sentenció ya entonces el establishment. ¿Cómo podrían los doce magistrados del Tribunal Constitucional, o los dos centenares y medio de senadores, ejercer como tales lejos de Madrid, sin la posibilidad de frecuentar cada noche a ministros y subsecretarios y jueces del Supremo y directores de diario y grandes empresarios; sin poder acudir cada dos semanas al palco del Bernabéu, la lonja de negocios de todas las Españas; sin gozar de unos ámbitos de sociabilidad elitista de los que las “provincias” (Barcelona incluída) carecen por completo?

Hasta hoy, el único y modesto intento de trasladar desde Madrid a Barcelona un alto organismo público con jurisdicción sobre todo el Estado lo promovió José Montilla durante su etapa como ministro de Industria (2004-2006) y tuvo por protagonista la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). La resistencia al desplazamiento fue numantina, el entonces director del ente habló de “deportación” y los funcionarios afectados pusieron todas las pegas y exigieron todas las contraprestaciones imaginables, en una larga guerra de desgaste. Menos de una década después, el aparato estatal ha digerido y metabolizado aquella intolerable ruptura de la lógica ancestral que lo preside: desde octubre de 2013, la CMT quedó integrada dentro de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya sede se encuentra en la madrileña calle de Alcalá. Dónde si no.

Tal es el marco mental dentro del que se viene ejerciendo el poder en España al menos desde la creación del Estado unitario, hace tres siglos. Ese marco mental que expresó a finales de 2005 con inusual franqueza la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando —a raíz de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa— deploró que la sede de esta última compañía pudiese ser trasladada “fuera del territorio nacional”, es decir, a Barcelona. Fue el mismo momento en que no se sabe bien si la propia Aguirre, Miguel Arias Cañete o Manuel Pizarro —tres miembros conspicuos de la élite, en todo caso— dijo aquello de “antes alemana que catalana”.

Esta concepción estrecha, reductiva y excluyente de España y de lo nacional-español, esta tendencia del Madrid oficial al monopolio —no a la primacía, sino al monopolio— de todos los poderes y a la provincianización del resto del territorio, ha contribuído enormemente a laminar aquel catalanismo de tradición hispánica que hoy muchos dicen añorar. En 2014 como en tiempos de Felipe IV sigue siendo verdad dogmática que “sólo Madrid es corte”.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.