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Botella cambia el plan urbanístico para que el Atlético compre La Peineta

El club pagará más de 40 millones al Ayuntamiento, el 15% en entradas de fútbol

Estado de las obras del nuevo estadio del Atlético de Madrid en marzo del año pasado. Ampliar foto
Estado de las obras del nuevo estadio del Atlético de Madrid en marzo del año pasado.

El Atlético de Madrid podrá comprar en 2017 el suelo municipal sobre el que está construyendo el nuevo estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas, evitándose así el pago de un alquiler anual de casi dos millones de euros al Ayuntamiento de la capital hasta casi final del siglo. Esto será posible gracias a que el gobierno local, regido por Ana Botella (PP), ha cambiado la calificación de la parcela, que hasta ahora tenía un uso público y por tanto no podía ser enajenada, según explicaron a EL PAÍS fuentes municipales.

Una vez completada la modificación urbanística, el suelo seguirá siendo de utilidad exclusivamente deportiva, pero admitirá un uso privado. De esta forma, el Ayuntamiento podrá vender la parcela al club en 2017, tal y como estipulaba el convenio que firmaron en 2008 para cerrar el traslado del equipo del estadio Vicente Calderón a La Peineta. Las obras del nuevo campo concluirán previsiblemente ese año.

Sin embargo, toda la operación, tanto en San Blas como a las orillas del río Manzanares, sigue en el aire, puesto que el Atlético ha pedido al Ayuntamiento que revise las condiciones de su convenio; y Fomento de Construcción y Contratas (FCC), encargada de levantar el nuevo estadio, ha solicitado también un ajuste de los cálculos económicos en su acuerdo privado con el club, e incluso ha paralizado las obras.

El Ayuntamiento y el club están renegociando el convenio que firmaron en 2008

La historia se remonta 10 años atrás. El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) presentó en julio de 2004 el primer proyecto para remodelar La Peineta y convertirla en estadio olímpico dentro de la candidatura para organizar los Juegos de 2012. Para asegurar su uso posterior, negoció con el Atlético su mudanza desde el Calderón, cuyo suelo se recalificaría para construir viviendas. En diciembre de 2009, tras casi año y medio de negociaciones, el Ayuntamiento y el club firmaron finalmente un convenio patrimonial que fijaba la mudanza para 2012.

Las sucesivas derrotas de Madrid 2012, 2016 y 2020 no paralizaron el plan pero sí permitieron ir aplazando las obras, un retraso favorecido también por la crisis.

El convenio indicaba que La Peineta estaba “infrautilizada dada la escasa demanda social” de un estadio que en 1994 había costado 50 millones de euros, y reseñaba además su “importante estado de deterioro”. Así, el valor del campo se cifró en cero euros.

El Atlético se comprometió a comprar la parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados y tasada en 41,2 millones de euros, y a construir sobre ella un nuevo estadio de 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) valorado en 195 millones (IVA excluido).

FCC ha parado la construcción para ajustar su acuerdo económico con los rojiblancos

Para sufragar la construcción del nuevo campo, el Atlético firmó en 2010 un acuerdo con FCC y Mahou. La constructora derribaría el Calderón y la fábrica de cerveza contigua, y levantaría en esos terrenos 2.000 viviendas, cuya venta cubriría las obras de La Peineta. El pasado 4 de noviembre, sin embargo, la constructora informó de que no le salían las cuentas. Debido al derrumbe del mercado inmobiliario y la inseguridad jurídica derivada de los diversos procesos judiciales en contra de la operación, FCC paralizó “de forma momentánea” la obra y exigió al Atlético replantear las condiciones económicas del acuerdo cerrado en 2010.

El club, por su parte, ya se había dirigido meses antes al Ayuntamiento. En una carta fechada el 28 de febrero a la que ha tenido acceso EL PAÍS, le instaba a “actualizar” el convenio patrimonial.

Fuentes del área municipal de Hacienda han indicado que esa negociación se encuentra todavía en una fase “muy incipiente”.

El convenio del Ayuntamiento y el club, tal y como fue redactado en 2008, incluía una sucesión laberíntica de posibilidades, supeditadas a que el suelo pudiera finalmente venderse al Atlético previa modificación urbanística, y a que Madrid obtuviera o no los Juegos en 2016, 2020 e incluso 2024.

Un mes después de la firma del acuerdo, el Ayuntamiento cedió la parcela de San Blas al Atlético en régimen de concesión para que pudiera comenzar la obra.

Esa concesión finalizaría el 30 de abril de 2017, con tiempo así para que, una vez finalizados los Juegos de 2016, se pudieran hacer las obras necesarias para convertir el estadio olímpico en un campo de fútbol sin más. A partir de ahí, el Atlético podía alargar la concesión y seguir de alquiler, o comprarse su propio estadio.

Si el cambio urbanístico no se realizaba y eso impedía la venta, el club podía elegir entre recibir una indemnización que, entre otros gastos, incluyera el coste del nuevo estadio; o bien quedarse de alquiler durante 75 años a un precio de 1,6 millones anuales (actualizado según el IPC).

La coordinadora municipal de Planificación Urbana, Beatriz Lobón, avanzó ayer que “el compromiso” del Ayuntamiento es “el traspaso de La Peineta” al Atlético en 2017. Lo hizo en la comisión de Urbanismo a preguntas del edil Mariano Palacios (UPyD), que se mostró preocupado por el retraso que aparejan estos vaivenes en la construcción de nuevos accesos y aparcamientos en la zona, “demandados por los vecinos”. También preguntó al respecto el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, que criticó la “indefinición” del Ayuntamiento acerca de sus compromisos de inversión y la negociación con el Ministerio de Fomento sobre las conexiones viales.

Obras pero sin pagar impuestos

El precio de la parcela municipal sobre la que se está construyendo el estadio de La Peineta quedó fijado en 41.179.942 euros en el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid en 2009, aunque esta cifra se irá actualizando con el IPC hasta 2017 (eso eleva dicha cantidad ya a 44,9 millones).

De ese precio, se descontarán sin embargo 4,4 millones (también actualizados según el IPC) por la instalación de una base de los servicios de emergencia municipales en la parcela durante un periodo de 30 años.

El Atlético ha tenido además la posibilidad de pagar parte del coste de su estadio con entradas de fútbol, que luego el Ayuntamiento distribuía entre escuelas de fútbol (el 80%), y voluntarios y patrocinadores de las candidaturas olímpicas. Entre la firma del convenio, en diciembre de 2008, y el pasado mes de octubre, el club ha entregado 126.395 entradas, por un valor total de 6.208.007 euros, que se descontarán así del precio de la parcela. De esta forma, de los 41,2 millones de coste inicial, el Atlético sólo tendría que abonar 30,5 millones (sin tener en cuenta la actualización por el IPC).

Esa cantidad final sí deberá pagarla en efectivo. El Atlético ha confirmado a EL PAÍS que está “negociando la adaptación del convenio a la nueva realidad de uso del estadio”, abandonadas ya las candidaturas olímpicas, y “se está simplificando”.

Eso sí, “del precio no se está hablando”, eso “corresponde a la tasación fijada” en 2008. “Sólo se pueden tocar los usos”, han señalado las citadas fuentes.

Según el acuerdo del Atlético con FCC, La Peineta costará en total 218 millones de euros, a los que habrá que sumar el abono del impuesto de construcciones (ICIO), que el club no ha pagado aún pese a que se debe liquidar como requisito para obtener la licencia de obras. Hasta junio, el importe de la construcción realizada por FCC ascendía a 34 millones (frente a los 18,6 millones de 2013), según las cuentas del club, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. La operación tendrá otro coste más para el Atlético, en este caso en el desarrollo del ámbito del estadio Vicente Calderón, donde tiene reservados 20,5 millones de euros para asumir unas cargas que, según sus cuentas de este año, podrían oscilar entre 19 y 29 millones.