La alcaldesa de Paterna denuncia un fraude que salpica a su predecesor
La regidora lleva al fiscal la 'superguardería’ que la infanta Elena inauguró hace un año La escuela fue cerrada ocho meses más tarde tras una inversión de 6,5 millones
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, del PP, ha llevado al fiscal a la Fundación para la Innnovación de la Infancia. El gran y prácticamente único proyecto de la entidad, disuelta en julio, consistió en crear una superguardería, inaugurada en noviembre del año pasado con la presencia de la infanta Elena, que se vio obligada a cerrar ocho meses más tarde por su situación económica tras haber consumido 6,5 millones de euros. La Fiscalía Provincial de Valencia informó este lunes de que la denuncia, registrada el viernes, ha llegado a manos de su responsable, Teresa Gisbert, que todavía no ha nombrado fiscal instructor para que investigue los hechos.
La denuncia salpica políticamente al predecesor y antiguo jefe de la alcaldesa, Lorenzo Agustí, porque las supuestas irregularidades denunciadas se produjeron cuando el exregidor formaba parte de la cúpula de la fundación, una entidad sin ánimo de lucro. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con él sin éxito.
La Fundación para la Innnovación de la Infancia de la Comunidad Valenciana (FIICV) fue creada por el Ayuntamiento de Paterna y el Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) en 2007, cuando el Consistorio aún lo gobernaban los socialistas. Aquel mismo año, sin embargo, Agustí ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcalde. Un cargo del que dimitió el 30 de julio tras haber sido imputado en dos procedimientos judiciales. Agustí ocupó, además, la vicepresidencia de la FIICV, mientras que Ramón Congost, hasta hace poco al frente de Aidico, fue su presidente.
La denuncia presentada por Martínez, que era teniente de alcalde de Agustí, se refiere a un préstamo de cerca de 300.000 euros que la Fundación para la Innovación de la Infancia concedió a Aidico. Según el documento entregado a la fiscalía, la concesión fue irregular porque no contó con la autorización del patronato de la entidad, ni quedaron claros los motivos que lo justificaban, ni el destino previsto de los fondos. El Instituto Tecnológico de la Construcción, que ha entrado en concurso de acreedores tras despedir a más de la mitad de su plantilla, tampoco ha devuelto el dinero.
La denuncia menciona un crédito que la fundación dio a Aidico sin autorización del patronato
Martínez está imputada por supuesta prevaricación administrativa por una de las iniciativas puestas en marcha por su predecesor. Según se desprende de la denuncia, en este caso la regidora ha llevado lo que considera un comportamiento jurídicamente discutible a la fiscalía para que sea ésta la que determine las eventuales responsabilidades penales. El escrito describe hechos, pero no se dirige contra nadie. Tampoco concreta posibles delitos, aunque de su relato se deduce que, en todo caso, lo ocurrido podría encajar en las figuras de malversación de caudales públicos o apropiación indebida.
Días antes de disolver la fundación, abandonar el Ayuntamiento y la política, Agustí envió una carta a los actuales responsables de Aidico preguntando por la persona que iba a sustituir a Congost “como miembro del patronato de la FIICV”. Y haciendo notar que el instituto tecnológico tenía “un crédito concedido por parte de la FIICV a Aidico” que estaba pendiente de ser devuelto. Agustí remitió también una misiva al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat en la que planteaba: “Agradeceríamos que se efectuara un compromiso de pago por parte de Aidico con garantía suficiente”.
La misión declarada de la FIICV consistía en “explorar las técnicas educativas y los recursos tecnológicos más avanzados para facilitar el desarrollo del deseo de aprender y de la creatividad en los niños en edad preescolar”. Y su gran obra fue la construcción de un complejo en el Parque Tecnológico de Paterna donde alojar la superguardería, bautizada como Tic Tac, que solo ha estado abierta un curso.
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