La Generalitat contradice al Estado y deniega el derecho a ayudas en VPO

Alrededor de 50.000 familias esperan a que la Generalitat Valenciana actúe de acuerdo con las últimas directrices del Gobierno español en materia de concesión de ayudas para la adquisición de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Concretamente, las de subsidiación de préstamos, un mecanismo mediante el cual el Estado se compromete a subvencionar parte —dependiendo del caso, se puede llegar al 20% de las cuotas— de los créditos. Aunque el Gobierno autonómico no es, en ningún caso, el que paga, sí que tiene la competencia de reconocer el derecho a recibir la ayuda. Y, como ha denunciado este lunes en Valencia el portavoz de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Subsidiación, Ángel Sancha, en territorio valenciano "no se cumple con la legalidad".

El Gobierno español anunció, en el artículo 35 de un Real Decreto de 2012 —por el que se introducían otros muchos recortes— la supresión del derecho a recibir las mencionadas ayudas. 300.000 familias perdían el derecho a que se les prorrogasen las subsidiaciones, y nacía una serie de plataformas y colectivos para reivindicar la inconstitucionalidad de la medida, por entender que esta tenía carácter retroactivo. Según Sancha, tanto la defensora del Pueblo española como sus homólogos en las respectivas comunidades autónomas y "la gran mayoría" de los jueces le quitaban la razón al Gobierno de Rajoy. Así, este daba un paso atrás el pasado mes de agosto y anunciaba que las ayudas se cobrarán.

Ángel Sacha asegura que tanto las administraciones autonómicas como las entidades financieras con las que hay convenios firmados han sido informadas de esta modificación de criterio, en el sentido de que deben revocar todas las peticiones en que se denegaban la prorrogación de las ayudas.

Isabel Bonig y Ana Pastor mienten cuando dicen que se están cobrando todas las ayudas a la vivienda Ángel Sancha, Coordinadora Nacional de Afectados por la Subsidiación

Desde su organización no entienden por qué la Generalitat —que no es la que paga el dinero, sino solo la que reconoce a los solicitantes el derecho a recibirlo— no hace como otras autonomías y cambia su criterio. Sacha acusó tanto a la consejera Isabel Bonig como a la ministra de Fomento, Ana Pastor, de mentir cuando dicen que en España se están cobrando las ayudas a la vivienda.

Por ello, anunció, la Associació Impagats Habitatge de la Comunitat Valenciana presentará un recurso extraordinario de revisión de carácter colectivo, para que se revoquen las resoluciones "que ha cercenado los derechos de los ciudadanos entre 2012 y 2013". El Síndic de Greuges, la defensora del Pueblo y la ministra de Fomento recibirán copia del recurso.

Además, este lunes a las siete se celebra en la Nau una mesa redonda para dilucidar si la supresión de las ayudas fue retroactiva, y por lo tanto inconstitucional. Estarán el profesor titular Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Julio Tejedor (especializado en vivienda); Alicia Millán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y portavoz de Jueces por la Democracia, y Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.