Núñez y su hijo entran en prisión para cumplir una condena de dos años

El ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez y su hijo mayor, del mismo nombre, ingresaron la tarde del domingo en la cárcel de Quatre Camins, en el municipio de La Roca del Vallès (Barcelona), para cumplir los dos años y dos meses que le ha impuesto la justicia por el caso Hacienda, un macroproceso iniciado hace 15 por sobornar a inspectores de la Agencia Tributaria para obtener ventajas fiscales, según informan fuentes penitenciarias.

El también constructor y promotor inmobiliario y su hijo dieron cumplimiento así al requerimiento de la Audiencia de Barcelona, que el pasado 6 de noviembre le dio un plazo de diez días para ingresar en la cárcel tras desestimar el último recurso presentado por Nuñez.

La Audiencia de Barcelona ordenó el ingreso en prisión del empresario y e hizo lo propio con su hijo con idénticos argumentos: ninguno de los dos ha dado "la menor muestra de arrepentimiento y contrición".

Los Núñez habían solicitado la suspensión de la pena de prisión a la espera de que el Gobierno tramitara su petición de indulto. Los magistrados, sin embargo, se han negado a ello porque, en su opinión, las probabilidades de que les sea concedida la medida de gracia son prácticamente nulas. El auto esgrime un reciente comunicado del Grupo Núñez i Navarro en el que padre e hijo se presentan ante la opinión pública "poco menos que como víctimas de una injusticia".

Los magistrados reiteran que la pena debe cumplirse por la “gravedad” de los hechos. La conducta de Núñez no fue “ocasional, puntual o episódica”, sino que se prolongó en el tiempo porque “sobornó” a inspectores de la Agencia Tributaria “durante años”. El auto es contundente en sus manifestaciones: “No nos hallamos ante una persona marginal o marginada, sino ante personas que utilizaron su excelente y privilegiada inserción social y poder económico empresarial para delinquir”, señala.

Núñez —al que el Tribunal Supremo rebajó la condena de seis a dos años por dilaciones indebidas— fue condenado por un delito de cohecho por el que, además de la cárcel, se le impuso una multa de 1,5 millones de euros e inhabilitación para cargos públicos durante siete años.

La Audiencia resaltó “la prevalencia del interés público en la pronta ejecución de una sentencia que es firme y que debe ejecutarse cuanto antes”.

Los argumentos esgrimidos por la defensa en el recurso de súplica fueron desestimados uno a uno. La defensa alegó, por ejemplo, que había habido dilaciones indebidas tras la sentencia del Supremo. Pero la Audiencia lo rechaza de plano y recuerda que la defensa de Núñez ha usado “de forma prolija los recursos e incidentes procesales” y eso es, a la postre, lo que ha retrasado el proceso. Lo que debería prevalecer, señalan los magistrados, es el “interés público” de que una sentencia firme se ejecute “cuanto antes”. Tampoco cree que la edad de Núñez (83 años) o su posible mal estado de salud deba servir para suspender la ejecución de la pena. En cualquier caso, será Instituciones Penitenciarias el organismo que valorará su estado a partir de ahora.