La lucha contra el paro acapara el debate del Presupuesto andaluz

El tercer Presupuesto de la Junta de Andalucía elaborado a dos manos por PSOE e Izquierda Unida superó este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, por lo que la cantidad queda ya fijada de manera definitiva en 29.665 millones de euros. Ahora queda margen para la aprobación de enmiendas parciales que no variarían sustancialmente el texto enviado por el Gobierno de coalición al Parlamento autónomo.

El principal argumento esgrimido por el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, para rebatir las cuentas autonómicas fue el de que no servirán para recuperar empleo en una comunidad que, según la última Encuesta de Población Activa, tiene un paro del 35%, casi 12 puntos más que la media nacional. Rojas centró en esta demoledora cifra su intervención y afirmó que con las medidas previstas en el proyecto de ley "la brecha del desempleo no se va a disminuir". "No vamos a estar mejor dentro de un año", subrayó Rojas, porque las cuentas "son inútiles para crear empleo".

El portavoz popular acusó al Gobierno que preside Susana Díaz de afrontar el drama del desempleo "con resignación" puesto que, según él, no acomete este problema "como una prioridad". También rebatió la acusación de todo el Gobierno en su conjunto pero principalmente de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, de la ausencia de políticas específicas por parte del Ejecutivo central para luchar contra el paro.  Según los datos del PP, el 50% de los fondos recogidos en el Presupuesto para las políticas activas de empleo procede del Ministerio de Trabajo (311 millones), un 33% viene de la Unión Europea (226 millones) y los fondos propios de la Junta aportan el 20% (135 millones).

Rojas también negó que el proyecto de ley incluya nuevas medidas de control, pese a que el texto recoge se establece seis meses de plazo a los responsables de la Administración para revisar la justificación de las subvenciones. Aunque el PP quiere ahora dejar en un segundo plano la crítica al Gobierno de coalición sobre los casos de corrupción, Rojas sostuvo: "El Presupuesto para 2015 mira más al pasado que al futuro del empleo en Andalucía. Y todos sabemos lo que eso significa: corrupción y descontrol". Según él, las medidas de mayor control no son tales sino "un traje a medida para que el gobierno haga y deshaga a su antojo".

La consejera de Hacienda, que fue la primera en intervenir para defender el proyecto, calificó de "falsedades" los datos ofrecidos por el PP. "El Partido Popular no confía en Andalucía, nunca ha creído en el talento de esta tierra y  no está dispuesto a arrimar el hombro para sacarla de la crisis". Según Montero, el próximo ejercicio presupuestario supondrá "un punto de inflexión"  tras siete años de crisis y pronosticó que habrá una "evolución económica sensiblemente mejor".

El proyecto de ley sostiene que la economía andaluza crecerá un 1,8% en 2015, pero un año más no da datos de la posible evolución del empleo. El objetivo del Gobierno es bajar del millón de desempleados registrados en las oficinas del SAE, un meta que se aleja mes a mes.

Izquierda Unida, socio del Gobierno de coalición, defendió el texto elaborado al alimón y su portavoz destacó el peso de las políticas sociales, que suponen el 83% del presupuesto. No obstante, su portavoz de Hacienda, Ignacio García, admitió que las cuentas "no satisfacen del todo" a su grupo, pero que en las actuales circunstancias de menor disponibilidad financiera "son las necesarias". García aludió de manera tangencial a las críticas que han hecho los sindicatos principales de la comunidad, UGT y CC OO, que por primera vez en dos décadas se han negado a mantener una reunión con la responsable de Hacienda sobre las cuentas andaluzas. "Estaremos muy atentos a las propuestas que hagan los agentes sociales" la próxima semana en el Parlamento, dijo el portavoz de IU, a la hora de plantear enmiendas.

El socialista Mario Jiménez reprochó al PP el que haya presentado una enmienda a la totalidad, sin presentar una propuesta alternativa, y con "críticas infundadas" sobre la realidad de la comunidad.

La enmienda a la totalidad fue rechazada por 56 votos de socialistas e Izquierda Unida. La apoyaron 47 diputados del PP y la parlamentaria de IU Carmen Pérez. Su grupo lo atribuyó a un error.