El juez Ríos sienta a otras cuatro personas en el banquillo por Emarsa
Estan acusados de delitos fiscales y de alzamiento de bienes Contra tres de ellos ya se había abierto juicio en la pieza principal del caso
El juez Vicente Ríos sentó este martes en el banquillo a otras cuatro personas en dos procedimientos conectados con el caso Emarsa, el gran proceso que ha investigado el desvío de 23 millones de euros de la empresa pública que depuraba las aguas residuales de Valencia.
Los afectados por las nuevas resoluciones judiciales son los empresarios Vicente Ros Bartual, José Luis Sena y Enrique Sena, contra los que el magistrado ya había abierto juicio por su supuesta participación en el procedimiento central del caso Emarsa. A los tres se les acusa ahora, además, de un delito fiscal y de otro delito continuado de falsedad en documento mercantil por haber defraudado supuestamente a Hacienda en el impuesto de sociedades del año 2008 desde su empresa Notec, dedicada a la gestión de lodos y que fue, según el juez, una de las sociedades utilizadas en el desvío de fondos de la depuradora.
Cada uno de ellos se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel, a una multa de 600.000 euros y a pagar conjuntamente una responsabilidad civil por importe de 251.847 euros, según recoge el escrito de acusación del fiscal.
El juez ha sentado en el banquillo, en paralelo, al mismo Vicente Ros Bartual y a su esposa, en este caso como autor y cooperadora necesaria de un supuesto delito de alzamiento de bienes. La fiscalía ha solicitado para Ros Bartual tres años de cárcel por haber intentado presuntamente ocultar su patrimonio con el fin de que no le fuera embargado por su responsabilidad en el caso Emarsa. Y ha pedido también un año de prisión para su mujer por ayudarle supuestamente a hacerlo.
A principios de octubre, el juez Ríos ya procesó al exdirectivo de Emarsa y ex teniente de alcalde de Montcada con Unión Valenciana Enrique Arnal y a su pareja por el mismo supuesto delito: esconder o traspasar dinero, participaciones empresariales e inmuebles a terceros con el presunto objetivo de que la justicia no pudiera embargarlo para satisfacer sus responsabilidades en el agujero de Emarsa.
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