Reabramos Carabanchel

La indignación actual tiene que convertirse en medidas eficaces contra la corrupción. No bastan las superficiales leyes de transparencia que se aprueban en nuestras Diputaciones o que se proponen en la futura ley municipal, pues solo buscan simular que las cosas cambian, sino de medidas de fondo que busquen el cambio en las reglas de juego. Me permito explicarles algunas medidas legales que funcionan en otros lugares:

1. Acceso ciudadano a la información pública similar a la que ya en 1.966 se aprobó en EE UU, la célebre Freedom of information Act. Hay que permitir el fácil acceso ciudadano no solo a los resultados del expediente sino también a los documentos preparatorios, que es donde muchas veces se fraguan los intereses de los lobbys y los comisionistas.

Hay que publicar en la web todo el proceso de las contrataciones para poder rastrear "la mano que busca la comisión". Además hay que extender la posibilidad de someter al control preventivo del "órgano administrativo de recursos contractuales" a todos los contratos y no solo a los que exige Bruselas.

2. Hay que favorecer que los funcionarios puedan denunciar de forma segura las ilegalidades que conocen por su propio trabajo y sancionar, penal y administrativamente, a quienes pretendan averiguar la "fuente de la filtración". Justamente lo contrario de lo que se hace ahora. Es una medida experimentada exitosamente en los países nórdicos

Hay que dar medios a la sociedad civil para actuar contra la corrupción"

3. Hay que premiar económicamente a quienes denuncian sobreprecios, fuente de las comisiones, en los contratos con la administración. El modelo es de nuevo EE UU, donde la vieja False claims Act permite, además de encarcelar a los autores del hecho, recuperar unos 1.000 millones de dólares anuales. La persona que denuncia el hecho se lleva entre el 15% y el 25% de lo recuperado

En nuestro país también se premiaba en ciertos casos a los denunciantes con el 10% del producto recuperado por la Administración, pero cuando algunos empleados bancarios empezaron a denunciar ante el fisco el dinero negro que pululaba en los propios bancos españoles y a cobrar su jugosa recompensa, el gobierno de Felipe González suprimió la ley. ¡Oh casualidad!

No es casualidad que estos días pasados el propio director de la UDEF, la unidad policial encargada de los delitos económicos, pedía públicamente que se restableciese el sistema de recompensas para los delatores.

4. Hay que utilizar, como se hace exitosamente en EE UU, a policías camuflados para "tentar" a los políticos en activo y comprobar si tienen "tragaderas". La tradición corrupta se alimenta de una sensación de impunidad. Con este sistema por lo menos tendrían la sensación de "peligro".

5. Y hay que reabrir de nuevo la cárcel de Carabanchel, esa histórica prisión donde coincidieron bajo el franquismo tantos políticos de diversos partidos. Hoy los herederos de aquellos héroes podían poblar de nuevo sus celdas, pero esta vez no por defender la causa pública sino por meter masivamente la mano en la caja común. Hay sitio como para unos 2.000.

Como se ve, no son muchas medidas ni complicadas. Muchas de ellas pueden ser aprobadas por el Parlamento vasco. Todas se basan en el principio común de que hay que confiar en la sociedad civil y darle medios e incentivos para que actúe en contra de esta lacra que es la corrupción, porque es evidente que los políticos honrados no tienen capacidad de enfrentarse a los muchos políticos corruptos que dominan el sistema desde hace 30 años. Y es que ya lo dijo Tácito: “cuanto más corrupto es un Estado más leyes tiene”.