La Audiencia de Palma vuelve a imputar a Grau por el ‘caso Nóos’

La Audiencia de Palma de Mallorca ha vuelto a imputar al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, por el papel desempeñado en la rama valenciana del caso Nóos como "impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) -cuyo patronato preside- y el Instituto Nóos y en la medida en que trasladó las "bondades del proyecto" a los patronos.

El tribunal acepta así el recurso de apelación presentado por el Grupo Socialista en Valencia y el sindicato Manos Limpias contra la decisión del juez José Castro de sobreseer la causa contra el número dos de la alcaldesa Rita Barberá y presidente de la fundación municipal de turismo.

El tribunal ha querido subrayar que no ha revisado el papel jugado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la  alcaldesa de Valencia, Rita Barberá  -máximos responsables políticos cuando se suscribieron los convenios con Urdangarin, que costaron a las arcas públicas cerca de tres millones de euros- porque ninguna de las partes ha recurrido el archivo decretado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), único competente al tratarse de dos políticos aforados.

La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) y el Ayuntamiento de Valencia, a través de la fundación municipal de turismo, pactaron con el instituto de Urdangarin la organización de tres certámenes de los Summit -feria sobre eventos deportivos y promoción turística de las ciudades- entre 2004 y 2006. Según la instrucción, los convenios de colaboración con Nóos se firmaron de espaldas a la ley de contratos públicos.

La rama valenciana del caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin, se cierra con cinco imputados: el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y de otros cuatro ex altos cargos del Gobierno valenciano de entonces: el ex secretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón, los ex directores generales de la sociedad pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la ex directora de Gestión de CACSA Elisa Maldonado.Todos se encuentran a un paso del banquillo de los acusados.

Según argumentaron los socialistas en su recurso de apelación, "la decisión de que la FTVCB financiara tres ediciones de los Valencia Summit fue exclusivamente del señor Grau, que simplemente se limitó a informar a los patronos de la fundación de una decisión que él ya había tomado". Asimismo destaca que la conducta del vicealcalde "desprende indicios de supuesta malversación de caudales públicos".

La Sección Segunda despeja las dudas sobre la naturaleza jurídica de la fundación municipal -argumento que el gobierno local de Barberá ha utilizado hasta ahora de parapeto- y concluye que su naturaleza es pública y, por tanto, sujeta a la normativa de contratación.  También advierte la sala de que aunque el número dos de Barberá no firmó los contratos con Nóos "su descarte es imposible" y añade que Grau sabía además que la alcaldesa "avalaba, respaldaba y se mostraba conforme" con que se celebraran estos certámenes. 

En el Ayuntamiento, la resolución ha causado sorpresa. La alcaldesa Rita Barberá ha reconocido que le ha sorprendido que se haya imputado a su número dos y ha añadido que lo lamenta profundamente. "La verdad es que no lo esperaba y lo siento profundamente, no puedo añadir nada más", ha declarado.

Según Barberá, ha sabido del auto cuando bajaba de la alcaldía a la sala de exposiciones donde ha inaugurado una muestra sobre el terrorismo y ha confirmado que, "efectivamente, se ha reabierto la imputación" de su vicealcalde "sin practicarse ninguna nueva prueba ni aportarse nada más", ha apuntado.

Revisar el papel de Barberá y Camps

La audiencia constata además que han quedado el margen del escrutinio judicial la “posible participación que en los hechos enjuiciados [relacionados con los convenios suscritos para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos], hubieran podido tener la alcaldesa de Valencia [Rita Barberá] y el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps".

Según recuerda el auto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no admitió dirigir la imputación contra estos aforados, si bien dejó la cuestión abierta. “Pensamos que, tal vez, esa decisión podría haber sido nuevamente revisada a la luz de la conclusión de la investigación, por cuanto el TSJ [valenciano] indicó que en ese momento procesal no había indicios para dirigir una imputación contra los citados aforados, pero tal declaración no fue terminante, ni dejó ya definitivamente cerrada o juzgada la cuestión”, recoge el texto.

La Audiencia entiende que se pudo haber aprovechado la vía del recurso para solicitar nuevamente la imputación de Camps y Barberá, si es que alguna de las partes estimaba que, de alguna manera, podrían haber ilícitamente participado en las contrataciones controvertidas. “Una solicitud que nos hubiera hecho replantearnos nuestra competencia, pero ninguna parte acusadora ha suscitado esta cuestión y por tanto hemos de estar y pasar por lo dicho por el tribunal valenciano al denegar la imputación por insuficiencia de indicios contra Barberá y Camps, porque tal decisión se presenta ya inatacable”, dice el tribunal.