Imputada una exfuncionaria del Ayuntamiento de Alcanar

La juez del juzgado de instrucción 4 de Amposta (Montsià) que investiga presuntos delitos contra la administración pública en el Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) ha citado a declarar en calidad de imputada a una exfuncionaria del Consistorio, Dolors Roo, el próximo 9 de diciembre. Durante las próximas semanas la juez ha citado a declarar a otras seis personas en calidad de testigos, entre ellas el arquitecto y el aparejador municipal, además de administrativos del Ayuntamiento y una exedil, Isabel Selma (CiU), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta nueva remesa de citaciones se produce después de la imputación del alcalde, Alfons Montserrat (ERC), y el regidor de Urbanismo, Manel Martí (ERC).

La juez, la Fiscalía de Tortosa (Baix Ebre) y la Policía Judicial de la Guardia Civil indagan una presunta trama de amaño de concursos públicos y proyectos urbanísticos en la localidad. La investigación del caso, bautizado como Carraus, cree que estas supuestas manipulaciones y sobreprecios se produjeron de manera continuada en el tiempo, desde 2008 hasta 2013, entre el Consistorio y empresarios locales. Se están escudriñando la adecuación de edificios públicos, la urbanización de calles, la concesión de licencias de obras y la compra de una finca en Mas d'En Serra, donde se ubica un poblado íbero. Montserrat, Martí y tres empresarios locales fueron detenidos el 16 de octubre mientras la Guardia Civil registraba el Ayuntamiento de Alcanar y tres inmuebles relacionados con sociedades presuntamente vinculadas a la trama. La investigación se inició en verano de 2013, cuando un militante de CiU interpuso una denuncia, y ya en noviembre de ese año la policía judicial, a instancias del juzgado, se desplazó al Consistorio y requirió abundante documentación.

Montserrat fue interrogado en el juzgado de Amposta el 30 de octubre y negó las acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos, alteración de precios de concursos públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. “Todas y cada una de las adjudicaciones están hechas con los informes preceptivos, que además era favorables”, aseguró el alcalde. “Han dicho que si podía haber concertación de precios o algo así. Nosotros podemos responder por la actuación municipal, pero no podemos responder por la actuación de terceros. Se han hecho las adjudicaciones siguiendo los procedimientos establecidos y los informes preceptivos. Y nuestro ámbito acaba aquí”, añadió Montserrat, que negó haber dado ningún tipo de “información privilegiada” a nadie. Su partido, ERC, no ha aplicado de momento el código ético de la formación a los dos ediles imputados.