TRIBUNA
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Corrupción y democracia

El gobierno conservador ha dado a Madrid dos récords que nunca debió tener: el de la corrupción y el desmantelamiento de los servicios públicos

Cerca de 2000 personas imputadas, 180 condenadas, menos de medio centenar en prisión, en 130 causas abiertas, es el negro balance de la corrupción en España. En términos generales, la corrupción política es el mal uso del poder —otorgado democráticamente en España— para conseguir beneficios ilegítimos, casi siempre dirigidos a engordar cuentas privadas y personales. En la alcantarilla de la opacidad y el negocio ilegal no entra habitualmente la luz, y cuando lo hace quedan zonas de sombra sorprendentemente blindadas: los grupos económicos y financieros, las empresas que, a cambio de contratos públicos urdidos en la opacidad, se lucran ellos y de paso transfieren sustanciosas comisiones a sus contactos en el entramado institucional. En definitiva, los corruptores.

Han sido varias las voces que han alertado sobre los peligros que la corrupción puede acarrear para el futuro de la democracia. No andan descaminadas estas voces, pero estamos convencidos de que la democracia puede y debe salir airosa de este virus que la corroe, a cambio de no esperar a que el viento amaine y se preste a ajustar las velas. No es ocioso advertir que en las entrañas de la democracia actúa estructuralmente un modo de vida, un sistema, que al calor de la crisis ha derivado en cloaca y usura. Aunque sería mejor decir que ha recuperado lo peor de aquellas palabras del exministro Solchaga cuando elogió el enriquecimiento súbito que brindaba nuestro país a cualquier pirata sin escrúpulos dispuesto a hacer dinero en el menor tiempo posible. Es el capitalismo de casino. Frente a ello, la democracia, la política, la justicia y la transparencia han de actuar con diligencia y firmeza.

Madrid, vanguardia de la corrupción

En los últimos días, dos palabras han acaparado los titulares de los medios de comunicación: Operación Púnica. Más de 50 detenidos, 250 millones detectados, y un vasto elenco de cargos públicos, en su mayoría de Madrid, salpicados por prácticas de corrupción. Al frente de la trama, Francisco Granados, exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, exsecretario regional del PP y persona de confianza de Esperanza Aguirre, y el empresario David Marjaliza. En torno a ellos, operaba una vasta red de cargos públicos de varios municipios madrileños que, al parecer, recibían la correspondiente Y sustanciosa mordida a cambio de facilitar en su término municipal la realización de obra pública y/o privada. Nadie puede mirar para otro lado. El PP, que en un ejercicio maquiavélico pretendió eludir su responsabilidad en el caso Gürtel, se da de bruces ahora con la Operación Púnica, y hasta el propio presidente Rajoy balbucea mal y tarde sus disculpas.

Mención aparte merece el aparente arrojo de Esperanza Aguirre. Llega la primera al escaparate justiciero y promete expulsiones con la misma credibilidad que ignorancia exhibe sobre las fechorías de sus, en su día, personas de confianza. Enternecedora su desolación, pero asombrosa su explicación. Sabemos de su voluntad por volver a la arena política como candidata a la alcaldía de Madrid, ambición que resulta incompatible con cualquier sombra de duda sobre su trayectoria política. Y no solo surgen dudas, sino certezas, si se trata de advertir dos hechos que convierten a Esperanza Aguirre en una figura política prácticamente amortizada: Gürtel y Púnica son dos casos que tienen al PP de Madrid como centro de operaciones. La crónica negra de las citadas operaciones vincula a algunos de sus protagonistas con Esperanza Aguirre. Y al frente del partido que soporta la pesada carga de la corrupción de Gürtel y Púnica, estuvo y está la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Demasiado y desolador currículum para ponerse de perfil.

Madrid no aguanta más. Las dos largas décadas de gobierno conservador la han convertido en depositaria de dos récords que nunca debió tener: el de la corrupción y el desmantelamiento de los servicios públicos. Ambos son insoportables. El primero, porque envilece la convivencia democrática; el segundo, porque elige como víctimas a las personas más necesitadas, con recortes sociales sin límite, mientras aumentan en España y en Madrid los milmillonarios, profundizando la brecha de la desigualdad.

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Medidas urgentes

Hace unos días, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid presentó una propuesta para enfrentar la corrupción en la Comunidad de Madrid que se apoya en cinco ejes de actuación: la regulación de la transparencia en las instituciones y administraciones públicas; la regulación de la defensa del patrimonio, los servicios y los bienes públicos de la Comunidad de Madrid; la regulación de un nuevo sistema de incompatibilidades entre sector público y privado; una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos; y la reversión de las privatizaciones. A nuestro juicio, en la privatización de los servicios públicos residen algunos de los gérmenes de la corrupción. De esta manera, IU es la primera fuerza política que abre un debate necesario, urgente e imprescindible y que debe contribuir a reforzar el poder de la democracia frente a las tramas de la corrupción.

En el mismo escenario anticorrupción, el coordinador general de IU, Cayo Lara, anunciaba una Proposición no de ley sobre un Plan Integral para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. A nuestro juicio, se abordan los capítulos esenciales de un plan nacional contra la corrupción (medidas relativas a la persecución de los delitos de corrupción, medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas, medidas de control interno y externo de la contratación pública, austeridad y transparencia en las retribuciones de los cargos públicos, investigación, control y fiscalización de las cuentas públicas, campañas electorales, reforma de la ley de financiación de los partidos políticos, medidas contra el transfuguismo, registro y control de lobbies o grupos de presión).

Creemos una buena idea que sea la izquierda la que dé un paso al frente y active una batería de iniciativas políticas y parlamentarias como las aquí resumidas. Propuestas que inevitablemente surgen en tiempo de corrupción, aunque pretendan trascender a la actual coyuntura como garantía estable de transparencia y salud democráticas. No sabemos si, como decía Honoré de Balzac, “detrás de cada gran fortuna hay un delito”, pero lo que es seguro es que son las grandes fortunas, especialmente aquellas que se refugian en las entidades bancarias de paraísos fiscales, las primeras que han de ser investigadas.

José Antonio Moreno es candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones primarias de IUCM. Raquel López es candidata a la alcaldía del ayuntamiento de Madrid en las elecciones primarias de IUCM.

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