Nueve empresas de la trama Púnica hacen negocio en Torrejón de Velasco

Torrejón de Velasco, un municipio madrileño de 4.177 habitantes y una deuda de 12 millones de euros, es hoy el mejor ejemplo en miniatura de cómo funcionaba la Operación Púnica. Nueve empresas que hacían negocios en este pueblo están siendo investigadas.

“Es un ejercicio de transparencia que la Cámara de Cuentas nos fiscalice. Podremos demostrar la eficacia de estos tres años de gobierno, en los que hemos conseguido equiparar los gastos con los ingresos”, se enorgullecía el concejal de Comunicación, Álvaro Martín, en la cadena SER. Era febrero y nueve meses después su jefe, el alcalde Gonzalo Cubas, fue encarcelado.

Cubas está imputado por ocho delitos: organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude.

Según la investigación, el ya exregidor seguía las instrucciones de su cuñado —el supuesto cabecilla de la trama David Marjaliza, encarcelado— sobre “cuándo y a quién facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades”. Además, Cubas estaba articulando un procedimiento para que Eduardo de la Peña —uno de los testaferros de la Operación Púnica— rehabilitase el río. “Existen además indicios de la irregularidad de algunos contratos públicos del municipio adjudicados a Marjaliza”, dice el juez.

“Canalizar el arroyo es un problema del que se habla desde hace muchas legislaturas. Lleva suciedad, a veces con las crecidas está a punto de desbordarse y es antiestético, porque cruza el pueblo”, cuenta Pedro Ramos, el concejal de Izquierda Unida. “Es una obra de envergadura ¿Por qué no se ha hecho antes?”·, se pregunta. “Hay muchos intereses”.

Esos intereses se reflejan también en contratos por servicios de hasta 25 años, lo que escandaliza a la oposición, pues ata de pies y manos a futuros gobiernos. “A mis nietos les diré dentro de 25 años: ‘Esta empresa nos hundió”, se lamenta Silvia Bonilla, la única concejal socialista.

En un pleno, Cubas reconoció que eran plazos muy largos. “Si fuesen más cortos no habría nadie que quisiese concursar. No interesaría porque no se amortiza la inversión que se tiene que hacer”, reza en un acta. “Está en vigor una ley de Franco que permite contratar por 50 años. Otra cosa es que sea moral. Lo lógico es que si ganas de nuevo las elecciones, renueves”, sostiene Tomás Guardabrazo, el concejal de Gestión Ciudadana de Torrejón De Velasco (GCTV).

El concejal de IU Pedro Ramos denuncia también el amiguismo imperante en la Corporación: “Me reconocieron que ponían por enchufe al frente de limpieza a un antiguo alcalde. Saben que van a tener siempre mayoría absoluta y hay impunidad”. Silvia Bonilla, la única concejal socialista, explica: “No queda ningún servicio municipal por privatizar en Torrejón. Hasta la guardería”. En las últimas elecciones el PP subió de seis a ocho ediles. Ningún miembro de la oposición cuenta con despacho municipal, ni tiene acceso a las mesas de contratación. “¿Y qué voy a hacer? ¿Ir al juez de Valdemoro a decir que me niegan el derecho a tener un espacio?”, plantea Guardabrazo.

Cubas es la cabeza visible de la supuesta corrupción, pero nadie en el pueblo olvida la supervisión del anterior alcalde, Miguel Ángel López del Pozo. Mimado por el PP, López del Pozo, constructor con un gran patrimonio, dejó el cargo en manos de Cubas en 2011 —a pocos meses del término de la anterior legislatura— para presentarse a la alcaldía de Parla. Es también consejero de Telemadrid.

La sombra de la corrupción planea sobre todo Torrejón. El contrato energético con Cofely —una de las empresas más implicadas en la trama— es por 15 años (4,8 millones). Y el servicio jurídico estuvo en manos de Madrid Sur por 3.900 euros mensuales y cuando Antonio Serrano —testaferro de la Operación Púnica— abandonó esa compañía, se quedó con el contrato por 300 euros menos. “Termina ahora en noviembre. Seguro que iba a seguir. Lo troceaban para no dar explicaciones”, prosigue la concejal socialista. “Si tenemos una secretaria municipal a tiempo completo, ¿por qué tenemos que pagar?”, se pregunta Bonilla.

Torrejón tiene una cincuentena decontenciosos abiertos. Las facturas demoradas suman 7,2 millones. “Aparentemente todo es legal, pero como no vemos los contratos, tenemos que fiarnos de los funcionarios”, se queja Guardabrazo.

En tela de juicio está también el colegio Catón, que pertenece al grupo Alfedel, con sede en Valdemoro. El PSOE e IU locales recuerdan cómo el PP les presentó una moción de censura a los nueve meses de empezar a gobernar en 2003 —los independientes se cambiaron de bando— tras haber acordado con la Consejería de Educación la construcción de un segundo colegio público. Y según se hicieron con el poder, el PP “casi regaló” los terrenos a Alfedel.

Catón fue construido por Obrum, una empresa de Marjaliza hoy en concurso de acreedores, y allí trabaja la mujer del exalcalde Cubas, que es cooperativista. Una inmobiliaria local, Proyectos Cuna e hijos, está en la lista de Púnica. Como lo está Vancouver, de Marjaliza, que construyó un conjunto residencial en terreno público a cambio de cuatro pisos para el municipio. Según los socialistas, no están escriturados a nombre del Ayuntamiento. Este no se pronuncia..

En Catón se celebran muchas actividades extraescolares. “Como este pueblo no tiene piscina o cancha de baloncesto cubiertos, hasta yo voy al colegio”, explica Ramos, de IU. “Generan la necesidad y como solo ellos pueden responder, se quedan sus amigos con el servicio”.

En 15 días habrá alcalde en un pueblo que quiso dar el pelotazo y construir 13.000 viviendas. Solo 135 unifamiliares han salido adelante.