El fiscal se opone a imputar a Monteseirín en el ‘caso Mercasevilla’
La fiscalía señala que no cuenta con ningún indicio de que conociera los delitos
La Fiscalía de Sevilla ha rechazado imputar al anterior alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y al exedil Alfonso Mir del Castillo por presunto delito societario en la gestión de la empresa Mercasevilla. En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la fiscalía señala que no pide la acusación porque no cuenta con ningún indicio de que ambos "conocieran o cooperaran" en la comisión de los delitos societarios que investiga la juez Mercedes Alaya. El pronunciamiento de la fiscalía se produce tras la petición que le hizo la juez después de tomar declaración al auditor de Mercasevilla José Ignacio A.R., imputado por presunto delito societario.
La fiscalía indica que carece de indicios de que Monteseirín y el exconcejal tuvieran en 2009 conocimiento o hubieran participado en las decisiones de los directivos de Mercasevilla sobre la confección de cuentas y los criterios contables aplicados, que desembocaron en el perjuicio societario y en "actos de liberalidad constitutivos de malversación". El auditor de Price Waterhouse se refirió en su recurso a la llamada "carta de manifestaciones" remitida por Sánchez Monteseirín y Mir a los auditores en febrero de 2009, luego reiterada en marzo, y que fue fundamental para emitir su informe favorable.
En esa carta, ambos afirmaron que desde el cierre de las cuentas "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas y porque no esté reflejado en las mismas". El auditor se quejó de que había sido engañado porque en esa carta no se dijo que el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, estaba siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por pedir 450.000 euros a condición de adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y por solicitar comisiones sobre los ERE de la lonja. En su pronunciamiento, la fiscalía señala que el alcalde podría haber incurrido en un delito societario de omisión por ocultar la investigación de Mellet, pero precisa que ese posible delito estaría ya prescrito.
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