La fiscalía investiga si Valencia troceó contratos para entregarlos a Trasgos

La Fiscalía Provincial de Valencia investiga el fraccionamiento reiterado de contratos del Ayuntamiento de Valencia a diferentes empresas del grupo de comunicación Trasgos, relacionado con la pieza del caso Gürtel de la visita del Papa a Valencia. Según Compromís, que ha denunciado los hechos al ministerio fiscal, el Consistorio troceó los contratos para evitar la licitación de 2,7 millones de euros entre 1994 y 2014.

La investigación arranca de una denuncia del Grupo Municipal de Compromís, en la que, según su portavoz, Joan Ribó, el Consistorio ha fraccionado "reiteradamente" contratos para no llegar al importe mínimo que le obliga por ley a sacar los contratos a concurso público y así poder adjudicarlos directamente a lo que denomina el "conglomerado de Trasgos", integrado por Trasgos Comunicación SL, Cuco Comunicación SL, Tannhäuser Producciones SL y Construcciones Paya y Montesinos SL, todas ellas con los mismos socios y el mismo domicilio fiscal.

Según la documentación aportada por la coalición, las empresas del grupo Trasgos recibieron durante estos años del Consistorio y de la Fundación Deportiva Municipal contratos por valor de 2,7 millones de euros (hasta el año 2000 las cantidades eran pequeñas) relacionados con la celebración de eventos como Expojove, la Japan Week, Valencia ya, o campañas publicitarias de policía local.

Ribó ha desarrollado alguno de esos cotnratos. Enrique Pérez Boada, concejal de Deportes de Valencia entre 1995 y 2002 otorgó, por ejemplo, contratos a la empresa Trasgos por valor de 270.000 euros y desde la Federación Deportiva Municipal por valor de 214.000 euros, en ambos casos por dos años prorrogables. Posteriormente, entre febrero 2003 y noviembre de 2004 fue consejero de Trasgos.

"La misma persona que adjudicó estos contratos, los disfrutó luego como miembro del consejo de administración", ha denunciado Ribó en la conferencia de prensa donde ha dado a conocer la presentación de la denuncia y la decisión de la fiscalía de incoar diligencias de investigación penal el pasado 20 de octubre.

La mayor parte de los contratos se troceaban en cantidades para las que la ley no establecía la obligación de concurso público, salvo en tres casos en los que "se saltaron la ley". "Hay tres contratos claramente irregulares en 2003, 2005 y 2007 de la Fundación Deportiva Municipal que, según la Intervención Municipal, no cumplen la ley de contratos públicos", ha defendido Ribó.

Otro ejemplo. Según Ribó, la Fundación Deportiva Municipal convocó en enero de 2011 un procedimiento negociado sin publicidad para un contrato relacionado con la designación de Valencia como capital europea del deporte por importe de 47.200 euros. La entidad invitó a Trasgos pero quien ganó el concurso es Cuco Comunicación, una empresa que, según Compromís, tenía en 2009 un gasto anual de personal de 2.800 euros, "lo que significa que no tenía apenas trabajadores", ha argumentado el edil.

A este grupo de empresas se le encargó también la organización de unas jornadas de intercambio con Japón -la Japan Week-, donde también se fraccionaron facturas. De hecho, este fue el primer caso que Compromís denunció a la fiscalía, que archivó finalmente el caso.

El portavoz municipal de Compromís ha reseñado además que el grupo de comunicación Trasgos era proveedores habitual del PP valenciano. Según la contabilidad registrada por el PP en el Tribunal de Cuentas, este conglomerado facturó al PP 27.257 euros en los años 2005, 2007, 2008 y 2009.

"La Fundación Deportiva Municipal [que depende del Ayuntamiento] burló al menos tres veces la ley de contratos, según la Intervención Municipal y Pérez Boada otorgó en su etapa de concejal de Deportes contratos a empresas del grupo [Trasgos] del que luego fue consejero", ha subrayado Ribó.

"Vamos a seguir con nuestra operación escoba", ha reiterado el portavoz local de Compromís, quien ha recordado que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, el grupo Trasgos cobró 500.000 euros en comisiones por la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Denuncia falsa

El concejal de Relaciones con los Medios de Comunicación, Miquel Domínguez, ha respondido a la denuncia de Compromís que es "absolutamente falsa porque el Ayuntamiento cumple siempre a rajatabla la ley de contratos de la administración".

Según Domínguez, "lo único que pretenden es generar crispación y aprovechar la situación actual para intentar involucrar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento en casos de corrupción inexistentes que ellos mismos se inventan". El edil ha recordado que en el Ayuntamiento de Valencia no se ha dado ni un solo caso de corrupción en 23 años "y eso es algo que le duele en el alma a Compromís".