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La Generalitat no asegura “al cien por cien” que haya urnas el 9-N

La vicepresidenta Joana Ortega evidencia las discrepancias entre Convergència Democràtica y Unió

A las puertas del 9 de noviembre Convergència Democràtica (CDC) y Unió Democràtica (UDC) están exhibiendo sus desacuerdos sobre cómo afrontar la consulta, el sentido del voto a la doble pregunta, qué hacer en caso de que la suspenda el Tribunal Constitucional y sobre todo, cómo afrontar el día siguiente.

De entrada, los partidos de la federación nacionalista mantienen posiciones distintas. Mientras la fuerza que lidera Artur Mas está por el doble a la pregunta de que Cataluña se convierta en un Estado y que este sea un Estado independiente, el partido de Duran Lleida suscribe el primer pero da libertad de voto a su militancia en la segunda cuestión. El presidente de la Generalitat ya ha anunciado que votará sí-sí, mientras que el líder democristiano no solo no ha confesado el sentido de su voto, sino que ha mostrado una prudencia que exaspera a sus socios políticos. Hace un mes declaró que se votará “otro día” si no se puede hacer el próximo día 9 y el pasado viernes insistió en que si puede votar, ya dirá qué votará. “Ahora más que nunca no pienso incurrir en una acción ilegal”, afirmó.

La semana decisiva

Lunes, 3. Convergència reúne a su comité ejecutivo nacional presidido por Artur Mas. El líder catalán participa por la tarde en la presentación del documental L’últim partit, (El último partido) que recoge los 40 años de Johan Cruyff en Cataluña y por la noche en la 20 edición de noche del empresario, organizada por la patronal CECOT. El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, participa en el acto de campaña de CDC en Tarragona

Martes, 4. Es el día decisivo que marcará el desenlace del proceso. El Tribunal Constitucional empieza sus sesiones deliberativas y es probable que suspenda la consulta al estimar el recurso del Gobierno. Por la mañana se reunirá el Gobierno catalán y podría acordar las acciones legales a emprender contra lo que Mas considera un “abuso de poder” de Mariano Rajoy por presentar esa impugnación.

Miércoles, 5. Empieza la maratón telefónica de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que pretende movilizar a cien mil voluntarios hasta el sábado, día 8, para alentar a participar a los ciudadanos en la consulta y sin orientar qué opción deben escoger. Los organizadores confían realizar “millones” de llamadas.

Jueves, 6. Ese día o el viernes 7, a más tardar se reunirá el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir si finalmente se suspende la consulta para mostrar su apoyo al 9-N y decidir qué camino tomar.

Sábado, 8. Finaliza la campaña de la ANC con un acto final que se prevé multitudinario en Barcelona, a los pies de las Fuentes de Montjuïc.

Domingo, 9. El día de la verdad en el que nadie puede prever qué sucederá.

El líder democristiano se ha pronunciado en numerosas ocasiones en contra de la independencia, pero buena parte de las bases de su partido no secundan ese posicionamiento. Las discrepancias entre CDC y UDC ante el sentido del voto explican que, por primera vez en democracia, ambas formaciones están haciendo campaña por separado.

Precisamente en uno de esos actos celebrado ayer en Puigcerdà (Girona), Josep Rull, coordinador general de CDC, volvió a marcar distancias con Duran Lleida. Tras asegurar que está “todo preparado” para que se pueda votar el domingo, Rull se mostró convencido de que los catalanes podrán hacerlo. “Tenemos que poder demostrar tres cosas: que somos un pueblo con dignidad y que no estamos dispuestos a que nos la pisen; que creemos en la democracia y la defenderemos contra los que la quieren recortar, y que somos dueños de nuestro futuro y no estamos dispuestos a que haya alguien que decida por nosotros”, dijo Rull.

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, dirigente de Unió, tampoco ha explicado qué votará. En una entrevista publicada este domingo el El Punt-Avui anunció que no explicará el contenido de su papeleta “hasta que no se acabe el recuento”. A diferencia de la contundencia mostrada por Rull, Ortega admitió que no puede garantizar “al cien por cien” que haya colegios abiertos y urnas el próximo domingo. Con todo, ha insistido en que el Gobierno catalán no paralizará los preparativos para que los catalanes se puedan expresar “de una u otra manera”.

La intención de la Generalitat es mantener la campaña institucional a favor de la participación en la consulta hasta la misma noche del 8 de noviembre, pero queda por ver qué hace el Gobierno catalán a partir de mañana martes, cuando se reúna el Tribunal Constitucional y probablemente se suspenda el llamado “proceso participado” al estimarse el nuevo recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Artur Mas ya ha anunciado que emprenderá acciones legales para defenderse de lo que considera un “abuso de poder” del Gobierno y que en caso de suspensión pedirá la convocatoria urgente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. En ese foro están representadas más de 3.000 entidades, partidos políticos, sindicatos y patronales y está presidido por Joan Rigol, un histórico dirigente de Unió que también presidió el Parlamento catalán.

Rigol apuntó el sábado la posibilidad de que si el Tribunal Constitucional suspende la consulta, sea la sociedad civil la que asuma la organización. Sería una manera de ofrecer una salida airosa a Artur Mas para que cumpliera su promesa de sacar las urnas a la calle, pero ese escenario es rechazado de plano por Esquerra Republicana y la Asamblea Nacional Catalana, la entidad que está actuando de catalizador del movimiento independentista. Su presidenta, Carme Forcadell, advirtió ayer que la organización del 9-N le corresponde al Gobierno catalán y reclamó de Artur Mas que no dé ni un paso atrás.

“Nosotros tenemos que ir a votar por dignidad democrática y para defender nuestra libertad de expresión, porque sabemos absolutamente que esto no tiene valor jurídico ni es vinculante”, dijo Forcadell en Catalunya Ràdio. “Tiene un valor político importante”.

El escenario que se abra el 10 de noviembre tampoco es leído de igual manera por CDC y Unió. Mientras los primeros están por una declaración unilateral de independencia tras una negociación previa, los democristianos rechazan de plano esa posibilidad y siguen pensando que la vía negociadora entre ambos Gobiernos es la única que puede solucionar el encaje de Cataluña en España. “Unió concibe avanzar en el progreso nacional y hacerlo de acuerdo con la ley, poniendo aquellos elementos que nos permitan ejercer el autogobierno y con una relación de bilateralidad con el Estado”, ha dicho Ortega. “La declaración unilateral no nos parece la respuesta a lo que vive nuestro país”.

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