Joaquim Nadal niega la estafa y pide que se archive la causa

El exconsejero Joaquim Nadal ha pedido al juez que le investiga por un delito de estafa que archive la causa contra él. El abogado de Nadal defiende que todas sus decisiones fueron “ajustadas a derecho” y “atienden un inequívoco interés público”. En un escrito remitido al juzgado, el dirigente histórico del PSC alega que su único objetivo en la operación urbanística bajo sospecha era “preservar un sector” protegido, en pleno valle de Solius, en el municipio de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà).

Nadal está imputado por “estafar” a una empresa en una operación urbanística para favorecer los intereses del empresario José Manuel Lara. El exconsejero “promovió las negociaciones”, según la Fiscalía, para convertir una zona de Santa Cristina —donde inicialmente iba a levantarse un polígono industrial— en zona verde. Según los investigadores, no actuó movido por la defensa del paisaje, sino para beneficiar a Lara, que unos meses antes de esa decisión había comprado en esa zona una masía por 6,5 millones.

El abogado de Nadal, el penalista Cristóbal Martell, pidió el “sobreseimiento libre” cuando recibió, el pasado febrero, el informe de la Guardia Civil sobre el cual gira toda la investigación. El escrito de la defensa critica que el instituto armado “carece de especialización en urbanismo” y que, tal vez por ese motivo, “ha podido incurrir en imprecisiones proyectadas en las conclusiones que extrae”.

Los terrenos que el Incasòl ofreció a la empresa no eran “inundables”, alega

El convenio bajo sospecha se firmó en 2006 entre el Incasòl —del que Nadal era presidente—, el Ayuntamiento y la empresa Varal, propietaria de los terrenos donde iba a construirse el polígono. El convenio preveía el traslado de la zona industrial a otra área del municipio. La Fiscalía considera que Nadal sabía que la zona era “inundable” y no se podía desarrollar, de ahí el delito de estafa. Martell replica, en cambio, que no había inundabilidad sino solo “algunos problemas hidráulicos”. Esos problemas “no impedían el desarrollo de los terrenos”, sino que solamente exigían “acometer obras adicionales”.

A diferencia de lo que sospecha la Guardia Civil, Nadal defiende que la decisión de preservar el territorio del valle de Solius “ni es repentina, ni resulta injustificada”. Si no se protegió inicialmente —cuando el Ayuntamiento aprobó, en 2004, transformar la zona en polígono— fue porque desde el punto de vista de la normativa urbanística no era el momento. El Incasòl pagó, además, 7,5 millones a Varal por terrenos en la zona verde, un precio que la Guardia Civil ve excesivo pero que Nadal considera “razonable y ajustado”.