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El Parlament frena el plan de Boi Ruiz para vender datos sanitarios

Salud quería adjudicar la gestión de información anonimizada de las historias clínicas a una empresa privada

El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz. Ampliar foto
El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz.

El Parlament puso freno ayer al plan del consejero de Salud, Boi Ruiz para comercializar los datos sanitarios de los catalanes. El llamado proyecto VISC+ pretende “dar valor” a la ingente cantidad de información que genera el sistema de salud vendiendo datos de pacientes —a los que previamente se ha convertido en anónimos— a entidades susceptibles de utilizarlos con fines científicos, desde centros de investigación hasta empresas privadas, como farmacéuticas o aseguradoras. Frente a las críticas que ha suscitado el proyecto por parte de entidades en defensa de la salud pública, sindicatos y partidos políticos —dudan de que se pueda asegurar el anonimato y ven peligrar la confidencialidad de una información tan sensible como la de salud en favor de intereses privados—, la diputada de ICV-EUiA, Marta Ribas, presentó ayer una moción en el Parlament para frenar la puesta en marcha del VISC+ y abrir un proceso de discusión entre todos los actores sociales. La moción fue aprobada por todos los grupos políticos excepto las CUP, que se abstuvo.

Aunque el acuerdo alcanzado entre los parlamentarios no obliga a Boi Ruiz a echarse atrás y frenar definitivamente la venta de datos sanitarios, sí logra al menos parar el concurso público que pretendía sacar Salud para dejar en manos de "un socio tecnológico" la gestión de los datos sanitarios por valor de unos 25 millones de euros durante los próximos ocho años. Salud no podrá licitar el servicio hasta que no se pongan en marcha unas jornadas participativas abiertas al público para discutir el proyecto. La moción insta al departamento a organizar “un proceso deliberativo” en el que participen científicos, colegios profesionales, especialistas en protección de datos y expertos en bioética, entre otros. “El objetivo era parar el proceso. No he podido conseguir que se frene el VISC+ pero al menos hemos parado la licitación y abrimos el debate”, explicó Ribas. Con todo, la diputada de ICV-EUiA dejó claro que, pese a defender la necesidad de discutir la iniciativa “para acabar con la opacidad con la que se ha gestionado el proyecto”, está totalmente en contra del plan de Boi Ruiz. “Nuestro proyecto sería de estricta gestión pública y no tiene nada que ver con el VISC+. Diferimos de todo el proyecto pero queremos discutirlo en un proceso participativo”, apostilló.

Algunos parlamentarios también hicieron hincapié en la necesidad de informar a los usuarios catalanes de su derecho a negarse a ceder los datos de su historia clínica. “Hagan el favor de retirar mis datos de este proyecto. Yo no lo autorizo”, protestó la diputada de Ciutadans, Carme Pérez. También Isabel Vallet, diputada de la CUP, se mostró contundente en este aspecto y, además de desautorizar el uso de sus datos sanitarios, animó a organizar una “movilización” ciudadana para negarse a que Salud emplee su historia clínica sin permiso.

Salud quiere ceder la gestión de los datos anonimizados a un ente privado

Precisamente Vallet fue la parlamentaria que criticó con mayor dureza la moción y se mostró totalmente contraria a las jornadas de discusión. “Se haga un proceso participativo o no, estaremos en contra del proyecto. Primero retirenel VISC+ y luego hablamos de la gestión del big data”, puntualizó.

Vallet justificó su postura aludiendo a la dudosa honestidad del proceso participativo que también se abrió en Lleida para discutir la puesta en marcha del consorcio sanitario que unificará a los centros públicos de la provincia. “El debate en Lleida fue un fracaso, no fue real. A los sindicatos no les dejaron opinar, no les pasaban toda la información, se declinó la participación de los agentes que podían ser molestos, como la Marea Blanca... Estos procesos les sirven al gobierno para avalar su proyecto cuando en realidad han sido una farsa. Por eso creemos que ahora mismo, plantearlo para el VISC+ es un error”, explicó la diputada de la CUP.

Con todo, Vallet aseguró que estudiarán la posibilidad de participar en las jornadas “si demuestran que es un debate real”, aunque dudó de que esto sea posible “cuando ya hay un proyecto sobre la mesa”. La parlamentaria fue tajante: “Conociendo el ánimo mercantil de Boi Ruiz, dudo mucho que estas jornadas sirvan para tirar atrás el VISC+”.

Moción “desdibujada”

J. MOUZO

El Parlament también votó ayer una moción presentada por la diputada de Ciutadans Carme Pérez sobre uno de los temas candentes en el sector sanitario: las relaciones entre la sanidad pública y privada en Cataluña. Aunque el texto inicial recogía ambiciosas pretensiones como “frenar la derivación de recursos” de la pública a la privada o “parar todos los procesos que ya se han iniciado con la finalidad de desmembrar el Instituto Catalán de la Salud (ICS)” —en alusión al consorcio de Lleida o a las alianzas estratégicas de hospitales en Girona y Tarragona—, las transacciones y acuerdos posteriores entre los grupos parlamentarios dejaron la moción “desdibujada”, en palabras de algunos diputados, y que la propia Pérez reconoció.

Tras los cambios en la moción, el Parlament se limitó poco más que a “revisar” los procesos de derivaciones y los criterios de adjudicación de servicios a los centros de la red pública.

La Generalitat también tendrá que “establecer medidas de control” para que los profesionales de la red pública no realicen actividades privadas durante su jornada laboral en el sistema público.