El Ayuntamiento traslada a la fiscalía los contratos de pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado a la Fiscalía los datos de ocho apartamentos turísticos ilegales de la Barceloneta donde se hacía firmar a los huéspedes contratos fraudulentos, según informó este miércoles la concejal del distrito de Ciutat Vella, Mercè Homs. El Consistorio considera que se trata de estafas, ya que los documentos mostraban direcciones diferentes a las de la vivienda alquilada o estancias mucho mayores a las reales.

Estos ocho pisos de uso turístico se encuentran entre los 170 detectados durante la campaña de inspecciones que el Ayuntamiento puso en marcha tras las protestas de los vecinos este verano, cuyos resultados avanzó el pasado lunes EL PAÍS. De estos, 161 acataron la orden de cese de la actividad y otros nueve tuvieron que ser precintados. Homs anunció que el saldo de 178 expedientes abiertos a este tipo de alojamientos —algunos se empezaron antes de las inspecciones— serán trasladados a la Agencia Tributaria para que los investigue. Las autoridades han propuesto para ellos la sanción mínima: 9.000 euros.

El 78% de los 135 dueños investigados son particulares y el 22%, empresas. De estas útlimas, el 84% tiene más de un apartamento turístico. La concejal admitió que el Consistorio no ha indagado si las otras propiedades —las que se encuentran fuera de la Barceloneta— tienen licencia o no. En el caso de aquellos inmuebles que pertenecían a empresas, tampoco ha investigado a qué actividad se dedican estas sociedades.

Más iniciativa

Los vecinos afirmaron que el trabajo de la Administración “va en la línea correcta, pero es insuficiente”. Sergio Arnas, un portavoz de la plataforma La Barceloneta diu prou, aseguró que muchos de los 995 inmuebles que los inspectores encontraron vacíos o en obras son de uso turístico ilegal y que la mayoría pertenecen a compañías. “Otra cosa es que no las hayan podido coger, pero no es casualidad que en cada finca en la que se halló un apartamento turístico perteneciente a una empresa, había por lo menos otro más”, dijo.

Arnas criticó que el Consistorio no haya investigado si los otros pisos de las compañías detectadas tenían licencia: “No han hecho nada de oficio. Cada uno de los pasos que dan les es indicado por los vecinos. Deberían hacer propuestas ellos porque para eso les pagan”.