Urkullu invita al Poder Judicial a ser “protagonista” de la paz y convivencia
El lehendakari y Juan Luis Ibarra comparten su esperanza sobre el cambio en Justicia
Las coincidencias superan ya con creces a las tiranteces en los mensajes que se cruzan en Euskadi los poderes político y judicial. Capeada la caótica etapa del azote terrorista y del lenguaje cruzado entre el Gobierno Ibarretxe y la mayor parte de la judicatura, ayer mismo el lehendakari Urkullu y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, compartieron esperanzas. La llegada del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en especial la salida de Alberto Ruiz Gallardón, abre para Gobierno vasco y el TSJPV horizontes positivos.
La apertura del Año Judicial fue una oportunidad para apostar por la modernización de la Justicia, pero, sobre todo, para responder a las exigencias de la sociedad con el acercamiento y la celeridad suficientes. Aquí reclamó Ibarra al lehendakari una suficiente mejora en el sistema informático de los Palacios de Justicia de Euskadi y minutos después escuchó cómo Urkullu recogía el guante al asegurar que ha "comprometido un programa de inversión para los próximos diez meses con este objetivo" que se le reclamaba.
Calparsoro apuesta por el euskera
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, entiende que el euskera "es una de las asignaturas pendientes" de la Justicia en Euskadi. Así lo dijo ayer durante su intervención en la apertura del Año Judicial, posterior a Ibarra y con antelación a Urkullu.
Después de abogar por una mejora en la respuesta a las "denuncias de violaciones de derechos humanos, en referencia a los casos de torturas" para evitar pronunciamientos que "avergüenzan" como la reciente condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Calparsoro situó la cuestión del euskera en el segundo punto de su intervención. Para el fiscal superior, que detalló esta reivindicación en euskera, se trata de una situación "que hay que revertir" habida cuenta de que "vivimos en un país bilingüe".
Calparsoro precisó que, cuando se habla de derechos lingüísticos, no se habla de las lenguas, sino de las personas. “Esto me recuerda a una célebre frase de Nelson Mandela que dice: si hablas a una persona en una lengua que entiende, llegarás a su cabeza, si le hablas en su lengua, llegarás a su corazón”.
En su concisa intervención de ayer, Calparsoro detalló que las aspiraciones tradicionales de los fiscales pasan por “un nuevo marco normativo, orgánico y procesal, que incremente la independencia del Ministerio Fiscal; la creación de una Policía Judicial que sólo dependa de jueces y fiscales; y la dotación urgente de una serie de medios materiales básicos que faciliten nuestra labor y nos aproxime al nivel de los países más desarrollados de nuestro entorno”, dijo.
En su discurso, Calparsoro destacó su confianza en la "pronta" creación del Fiscal Delegado Anticorrupción, una figura por la que ha peleado hasta que ya ha conseguido su aprobación porque entiende que "reforzará" la intervención de la fiscalía "de forma que contribuya positivamente a la erradicación de esta lamentable lacra".
En la sucesión de intervenciones, seguidas por las principales autoridades civiles y militares del País Vasco, no hubo espacio alguno para la disputa. En este contexto favorable, el lehendakari invitó al Poder Judicial a ser "protagonistas" en la "consolidación" de la paz y en la "construcción" de la convivencia a partir del actual escenario de paz.
La propuesta, llena de intención dentro de la irrenunciable apuesta que Urkullu viene realizando en favor de instar a un consenso en materias tan sensibles como la paz y la convivencia, no se olvidó del "compromiso con la memoria, con la reconciliación y el reconocimiento del daño injusto causado". Al igual que había hecho Ibarra, el lehendakari no se olvidó del dolor causado por el terrorismo en las estructuras del Poder Judicial.
Pero también era el escenario propicio para que Urkullu aflorara su reivindicación de una nueva política penitenciaria. El lehendakari así lo transmitió al mostrarse convencido en su discurso de que la actual legislación puede adaptarse "si se orienta a su finalidad esencial de resocialización". Fue una manera explícita de reforzar el espíritu que recoge la iniciativa Hitzeman, planteada por la secretaría general de Paz y Convivencia, y que ya ha recibido el respaldo del propio Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en cuanto a su reinserción social a partir de la autocrítica de la violencia generada.
Urkullu cree que el contexto de la sociedad vasca permite acometer esta adaptación de la actual política penitenciaria hasta el punto de invitar al Poder Judicial a que se comprometa en la búsqueda de los consensos suficientes. Lo hizo tras admitir que habrá un punto de partida basado en un "final de la violencia con memoria" y una etapa "de reconciliación".
Con el mismo tono de serenidad propio del convencimiento de su apuesta, Urkullu no se olvidó de aludir al objeto de disponer de un "Poder Judicial propio" y hasta entonces convino en reconducir el actual modelo, al que calificó de "dubitativo e inacabado" en cuanto a su integración en el sistema institucional de Euskadi. En esta aspiración podría ser determinante el cambio realizado en el Ministerio de Justicia. De momento, el Gobierno vasco está esperanzado tras su primer contacto con Catalá. Urkullu admitió que comparten "las expectativas de un nuevo tiempo de mayor colaboración y consenso en la estrategia legislativa que impulse el Gobierno español".
El Gobierno vasco atiende con un plan en diez meses la mejora informática
Ibarra compartió esta esperanza. El presidente del TSJPV confía en que Catalá aporte "un cambio de fondo en la obtención de consensos" encaminados a "un pacto de Estado" para la modernización de la Justicia, dinamitado, añadió, "por las dinámicas a ciegas" del anterior ministro. En este análisis crítico, enfatizó el "alivio" que sintió la judicatura vasca ante el "fracaso" del anteproyecto de la Ley del Poder Judicial, impulsada de manera "unilateral" por Ruiz Gallardón.
En su intervención, Ibarra, siempre solemne, adelantó la próxima apertura de tres oficinas provinciales para cumplir las obligaciones de presentación y comparecencia a imputados o condenados. La primera será abierta en Bilbao y llevará el nombre de Iñaki Azkuna, en recuerdo a "sus leales y constructivas críticas efectuadas desde un sabio sentido de la seguridad ciudadana, las que nos comprometieron en esta tarea", admitió el presidente del TSJPV.
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