Alaya maniobra para conservar la macrocausa de la formación

La juez Mercedes Alaya rectificó ayer el origen de la macrocausa sobre los cursos de formación para retener esta investigación. La instructora emitió una diligencia a través de la secretaria de su juzgado para resaltar que “por error se menciona” que las diligencias sobre la formación surgieron del caso de los ERE. Alaya sostiene ahora que la macrocausa ha sido desglosada de una investigación en torno a los cursos de formación impartidos por empresas vinculadas al conseguidor Juan Lanzas.

De este modo, Alaya intenta desactivar el debate abierto sobre si es competente para seguir con la macrocausa. La cuestión es determinante, dado que Alaya busca acaparar las causas judiciales abiertas en Andalucía sobre los cursos de formación —al menos 18— y la juez ya ha avanzado que podría alcanzar los dos millones de folios.

El folio 1 de la macrocausa de la formación aclara que “la documentación que precede ha sido desglosada de las diligencias previas 174/11 [caso ERE]”. Ahora Alaya sostiene que su investigación sobre la formación está amparada por el vínculo con las diligencias iniciadas por las empresas de Lanzas, una causa desconocida para las partes porque la mayoría de estas pesquisas se derivaron a la causa contra el sindicato UGT. Es decir, Alaya justifica su investigación a todos los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía por la pieza que tiene abierta a Juan Lanzas.

Las dudas comenzaron el pasado viernes cuando el testigo clave de la causa, Teodoro Montes, reconoció que acudió directamente al juzgado de Alaya para denunciar irregularidades en la formación y de ahí le derivaron a la Guardia Civil. A continuación, los agentes enviaron la declaración del testigo a Alaya y esta inició la nueva macrocausa, tal y como expuso la propia juez en un auto del pasado 7 de mayo: “Las diligencias se iniciaron en agosto de 2013, con ocasión de la declaración policial de Teodoro Montes”. Esta secuencia, podría haber quebrado el principio del juez natural, ya que la denuncia de Montes ante la Guardia Civil debía haber sido derivada al juzgado de guardia para su reparto. En paralelo, la Guardia Civil remarcó en un oficio policial del 13 de septiembre que la declaración de Montes surgió “a raíz de los hechos” investigados en el caso de los ERE.

El viraje de la juez coincidió con el capote del fiscal, que estima que “no existen motivos” para plantear una cuestión de competencia, informa Europa Press.

Mientras, la juez advirtió ayer que actuará contra CC OO y la fundación de la Junta Faisem si finalmente se querellan contra su testigo Teodoro Montes por acusarles de cobrar comisiones ilegales y dañar a personas minusválidas, tal y como han anunciado. En una sorprendente declaración, la juez avanzó: “No voy a consentir ningún tipo de presión o coacción hacia este testigo, pudiendo constituir los hechos que se relatan (...) delitos contra la Administración de Justicia, que de tener conocimiento este juzgado deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias”. La gruesa amenaza puede atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva. “¿Qué nos impide ejercer acciones contra un señor por falsedad? Claro que seguiremos adelante”, avanzaron fuentes del sindicato.

Tras la advertencia de Alaya a CC OO y a la fundación, la fiscalía “mostró su conformidad” y solicitó a la juez que pusiera en marcha el programa de protección de testigos para asegurar la integridad de Montes y su familia. Previamente, la juez ordenó incluir en el sumario la información de este diario sobre que Montes validó un curso en el que fue incluida su hija a pesar de incumplir los requisitos de selección.