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Los expertos ven urgente desmontar la excepcionalidad jurídica

Los participantes en el seminario de la Sabino Arana de junio reivindican “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación

Juan Mari Atutxa, Margarita Uria y José Antonio Rodriguez Ranz, de izquierda a derecha.
Juan Mari Atutxa, Margarita Uria y José Antonio Rodriguez Ranz, de izquierda a derecha.

Tres años después del anuncio del final del terrorismo de ETA, la Fundación Sabino Arana ha acogido este lunes la presentación del número especial de Hermes. Es un compendio de las reflexiones realizadas en el encuentro celebrado el pasado 13 de junio por expertos. Y como principal conclusión, la necesidad de acabar con la excepcionalidad jurídica ante el nuevo escenario de paz.

Han pasado ya 1096 días desde que ETA anunciara la suspensión definitiva de su actividad armada. Según se ha dicho en la presentación de este número especial, "el fin de la violencia ha supuesto el principio de un proyecto colectivo ilusionante cual es el construir una Euskadi en paz, una Euskadi de todos y para todos".

Sobre esta base, la Fundación Sabino Arana puso en marcha una serie de encuentros con personas vinculadas a la judicatura, la abogacía la academia y las instituciones, que este año han celebrado su tercera edición.

En este ejemplar, el número 47, colaboran la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Wrice, del abogado Txema Montero, del catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU, Ignacio Muñagorri; y de la profesora titular de Derecho Penal de la UPV/EHU, Ana I. Pérez Machio. La revista incluye, asimismo, una entrevista con las catedráticas de Derecho Penal, Mercedes Garcia Aran (Universidad Autónoma de Barcelona) y Carmen Lamarca (Universidad Carlos III de Mardid), quienes llegan a afirmar que “es urgente desmontar la excepcionalidad jurídica en España”. El número se complementa con las conclusiones o “corpus de principios común” elaborado por el equipo de expertos que han participado a lo largo de estos tres años en los encuentros.

Uria ha coordinado las conclusiones  a partir de la desaparición de la violencia

Juan Mari Atutxa, presidente de la Fundación Sabino Arana, editora de Hermes, ha recordado los orígenes de estas jornadas: “Decidimos mirar al futuro, pero sin olvidar el pasado. Porque no podemos, no debemos, y lo que es más importante, no queremos olvidar. El futuro de Euskadi solo puede construirse sobre los pilares de la memoria. Una memoria viva; una memoria sin ira, sin odio, sin afán de venganza; una memoria inclusiva, una memoria de memorias, una memoria de todos y para todos”.

A su vez, ha destacado, asimismo, que estos nuevos tiempos “exigen también una nueva justicia. Porque el Estado español, al amparo de la lucha contra ETA, ha ido generando un régimen de excepción (una legislación de excepción, un Código Penal de excepción, una justicia –en muchos casos- de excepción y un reglamento y unas prácticas penitenciarias de excepción), que ha minado su calidad democrática y contaminado la cultura de los derechos fundamentales”.

En su intervención, Atutxa ha aludido a la necesidad de “aportaciones decisivas por parte de dos de los actores principales -ETA y el Estado-. La de ETA en términos de entrega de las armas y disolución incondicional y sin contrapartidas políticas. Y lo que sería incluso más importante, en términos de reconocimiento –sincero y no táctico- de su responsabilidad y del daño causado". En cuanto a la Estadlo "en términos de desactivar y dejar sin efecto el arsenal legislativo, procesal y penitenciario de excepción construido a la largo de los últimos años, y en términos de normalizar la política penal y penitenciaria, sustentando ésta sobre principios generales, universales y garantistas propios de un Estado de Derecho”.

En la presentación también han tomado parte el director de Hermes, José Antonio Rodriguez Ranz, y, la letrada y coordinadora del seminario celebrado el pasado 13 de junio, Margarita Uria. Para Uria, "las tres intensas jornadas, de análisis de la evolución legislativa, de la práctica judicial, del criterio en la doctrina, de la respuesta en instancias europeas e internacionales, etc.” celebradas desde 2012 y que “fueron recogidas en dos monográficos anteriores de la revista y ahora en este tercero que se presenta, con un interesante plus: por acuerdo de los asistentes hubo conclusiones, que recogen, en tres bloques, la excepcionalidad que deberá ser superada para llegar a establecer el marco jurídico de la paz”, ha afirmado.

Respecto a las conclusiones consensuadas en el seminario, puede destacarse que los expertos en materia de Derecho Penal abogan, en el capítulo de la detención incomunicada, “por la supresión del régimen de detención incomunicada, atendiendo muy especialmente a los requerimientos explícitaos que en tal sentido han formulado al Estado español los organismos internacionales de garantía de Derechos Humanos, así como a los convenios internacionales suscritos en materia de derechos de las personas detenidas”.

Abogan, asimismo, “por la supresión del delito de terrorismo sin pertenencia o colaboración con banda armada” y consideran que “el delito de enaltecimiento debe suprimirse en tanto colisiona -a su juicio- con el ejercicio legítimo de un derecho que forma parte de la arquitectura de la convivencia democrática, como es la libertad de expresión”.

Teniendo en cuenta el hecho de que ETA hayan puesto fin a su actividad violenta insisten también en la idea de permitir su “el acceso de los presos a las condiciones de vida que mejor favorezcan su reinserción, entendida como la capacidad de vivir sin incurrir en nuevos delitos (cumplimiento de penas en cárceles próximas a sus lugares de origen, aplicación de normas legales que prevean la excarcelación -con las cautelas que sean necesarias- de internos con enfermedaes graves e incurables), etc ”.

Por último, los participantes en el seminario reivindican “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, superando el papel al que tradicionalmente las ha relegado el proceso penal. Los derechos de las víctimas, no obstante, no justifican la excepcionalidad que supone el incremento de su legitimación activa en la fase de ejecución de las penas, fase en la que el principio inspirador no debe ser tanto la gravedad del delito, cuanto la reinserción de quien lo cometió”.