Mas trata de ganar tiempo para la convocatoria de elecciones en Cataluña

Artur Mas intentó ayer ganar tiempo ante el callejón al que le han llevado las entidades independentistas catalanas, que el domingo le exigieron unas elecciones anticipadas antes de tres meses. Con el frente de partidos soberanistas incapaz de recomponer la unidad y con la presión de la calle cada vez más marcada, Mas solo pudo enviar el mensaje de que está trabajando para hacer posible la consulta alternativa del 9 de noviembre y dejar claro, sobre todo, que le corresponde a él y solo a él decidir cuándo serán las elecciones. El presidente catalán tiene asumido que las elecciones anticipadas son ineludibles, pero quiere postergarlas tanto como sea posible.

La exigencia de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural de que las elecciones sean en tres meses y sirvan para conformar una mayoría que declare la independencia ha creado serias tensiones en Convergència i Unió y especialmente en el núcleo duro del presidente catalán. Esta intranquilidad quedó patente en una conferencia de prensa convocada de urgencia por parte del consejero de Presidencia del Gobierno catalán, Francesc Homs. Dejando claro que hablaba en nombre de Mas, Homs fue tajante para intentar preservar la autoridad del presidente. “La facultad de convocar elecciones es exclusiva e indelegable del presidente de la Generalitat”, dijo.

El portavoz del Gobierno catalán compareció mientras las cúpulas de Unió y de Convergència se encontraban reunidas en un intento de preservar la unidad de la federación que tanto se ha resentido de los últimos movimientos del proceso soberanista. Al término de la reunión el único mensaje común que pudieron lanzar ambos también fue en la línea de reforzar la autoridad de Artur Mas. Ramon Espadaler dijo que “cuando llegue el momento, que no es el presente, el presidente consultará y escuchará la opinión de las fuerzas políticas soberanistas y otros” sobre la posibilidad de adelantar comicios en formato de plebiscito sobre la independencia, pero insistió en que “la última decisión corresponde solo al presidente Mas”.

Enfrentados por multitud de aspectos del proceso soberanista, Unió y Convergència convinieron ayer que el discurso público debe centrarse solo en defender a Mas y el “proceso participativo” en el que se ha convertido la consulta suspendida del 9 de noviembre. En el resto de asuntos, comenzando por la necesidad de unas elecciones anticipadas o si los dos partidos concurrirán juntos, no hay acuerdo ni ninguna decisión tomada. La consigna fue, pues, prudencia.

Fuentes de CiU aseguraron que, a la vista de estos desacuerdos entre el partido de Mas y el de Josep Antoni Duran Lleida, la decisión fue relegar el debate a órganos del partido más restringidos que la propia comisión ejecutiva. No es extraño, pues, que el secretario general de CiU, Ramon Espadaler, compareciera ante los medios asegurando que los desacuerdos vigentes no se abordaron en la ejecutiva.

Francesc Homs tomó la iniciativa y anunció un principio de acuerdo “técnico” con la CUP, que esta formación desmitió

El Gobierno catalán y la dirección de CiU intentaron contener las demandas de la Asamblea Nacional Catalana desde otro ámbito. La entidad independentista y sus seguidores exigieron el domingo que el frente soberanista (CiU, ERC, ICV y la CUP) recupere la unidad perdida por el cambio de formato de la votación del 9 de noviembre. Francesc Homs tomó la iniciativa y anunció un principio de acuerdo “técnico” con la CUP, el menor de los cuatro partidos, para dar mayores garantías a la votación. Pretendía con ello ejercer presión sobre los otros partidos y atraer de nuevo a Esquerra Republicana y a Iniciativa a la mesa de negociación. No lo consiguió. Además, la propia CUP, a través de su diputada Isabel Vallet, desmintió la existencia de tal acuerdo.

Convergència i Unió reconoció, posteriormente, que más que un acuerdo con la CUP lo que había era la coincidencia de opiniones para adoptar diez medidas para dar garantías sobre el 9-N. Se creará una comisión con representantes de los partidos para hacer el seguimiento de los preparativos y se intentará que haya “observadores internacionales”. La CUP también había exigido desobedecer en caso de que la nueva consulta sea suspendida por el Tribunal Constitucional. CiU no aceptó esta condición, lo que volvió a poner en tela de juicio cualquier idea de actuación unitaria.