“Fíjate si era ruina que sigue en pie”

"Fíjate si era ruina que sigue en pie”, exclama Marisol Vázquez ante el número uno de la plaza de Beneyto y Coll, en pleno casco histórico de Valencia. Los recuerdos de cuatro años y medio atrás todavía le provocan amargura e impotencia. En este inmueble progegido —data del siglo XVIII— vivió durante más de 50 años su familia con un alquiler de renta antigua. Llegaron los años de la fiebre inmobiliaria y la propiedad cambio varios veces de manos y con ello el desasosiego de los vecinos. Era, lo que se conoce en el argot de la especulación como un edificio con bicho o gusano, es decir, con inquilinos.

La inmobiliaria Urbyagri inició al final un procedimiento de ruina legal, en el que se conjuraron la ley de propiedad horizontal, los informes de parte y la declaración de ruina del Ayuntamiento a petición de la inmobiliaria, que iba a rehabilitar el inmueble. Los vecinos fueron al juzgado pero al final un juez dictó el desahucio, sin derecho a realojo ni indemnización. Solo quedó en el aire la posibilidad de que cuando se rehabilitase el edificio se intentaría un arreglo que nunca llegó.

Cuatro años y medio después del desalojo de los vecinos — retransmitido prácticamente en directo por los medios de comunicación—, los hijos de los desahuciados —la mayoría, fallecidos— explican que el edificio sigue vacío y sin rehabilitar desde el desalojo en marzo de 2010. “Vinieron los bomberos y la policía y sacaron a los vecinos a la calle. Nos dijeron que había problemas con una viga de la finca y se apuntaló el bajo pero no era una casa en ruina”, recuerda Marisol al lado del edificio donde se crió. Su hermano Blas añade que la ley permite declarar en ruina legal un edificio cuando la reparación supera el 50% del valor de construcción del inmueble. “Es un timo. Ellos se fijaron en el valor catastral del edificio y la reforma se calculó a precio de mercado”, sostiene Blas. Si solo se hubiera dictado una orden de ejecución del daño, solo se hubiera obligado a reparar los daños, la ley no hubiera amparado el desahucio pues los inquilinos conservan los derechos adquiridos.

Fueron al Ayuntamiento para protestar y evitar en lo posible el desalojo y se fueron con las manos vacías. La madre de Marisol y Blas gastó hasta 3.000 euros en litigios judiciales pero era pensionista y dependiente y no pudo estirar mucho más la situación. Además su marido había muerto ocho o nueve meses después del desahucio.

A su lado, José, descendiente de otra de las inquilinas del número uno, también vivía en este edificio con su madre. Cuando todo acabó buscó un alquiler y ahora vive a pocos minutos de Beneyto y Coll. “Lo que más me duele es que encima no han tocado el edificio, no han hecho nada”. Los vecinos de otros edificios contiguos explican que la casa ha sido ocupada y se han tapiado más de una vez puertas y ventanas para evitar nuevas ocupaciones.

Vicent Sarriá, concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, pone este caso como ejemplo de acoso inmobiliario. “Se trata de un fenómeno que aumenta cada año y afecta de manera especial a inquilinos mayores que viven en inmuebles de renta antigua”.

Después de todo este tiempo, el edificio pasó a manos de una entidad financiera, a la que el Consistorio ha impuesto una primera multa de 21.817 euros —se pueden imponer hasta una decena de sanciones de este tipo—. “las multas coercitivas son un puro trámite administrativo que no tiene resultados prácticos, ya que nadie las paga y no sirven para restablecer la legalidad urbanística ni la rehabilitación del edificio. Sarrià ha solicitado al equipo de gobierno la expropiación del inmueble “dado el incumplimiento de los deberes urbanísticos de la propiedad”. También pide una sanción ejemplar para la entidad financiera y que la sociedad municipal de urbanismo, Aumsa, restaure el inmueble.