Ciscar impone la línea roja de Fabra a los candidatos con ruido de fondo

No habrá imputados por corrupción en las listas del Partido Popular de la provincia de Alicante, según lo expresado ayer en la cumbre celebrada por el partido en Benidorm. José Ciscar, presidente de los populares alicantinos, impuso la filosofía del jefe del Consell, Alberto Fabra, sobre tolerancia cero contra la corrupción, un tema espinoso en una provincia con varios cargos públicos imputados en casos de corrupción como son las alcaldesas de Novelda, Alicante o Elda.

La cumbre de los populares alicantinos, a la que Fabra asistió como observador y que este sábado se clausurará, nació con la idea de dotar a la formación de cuatro líneas que servirán para armar el discurso de los militantes de cara a las próximas elecciones: agua, empleo, personas y regeneración democrática. Este último tema recogió la mitad de las 170 enmiendas presentadas por los militantes populares a las líneas de debate establecidas por el partido, señal de que es un tema espinoso en la provincia alicantina.

La regeneración en Alicante será complicada, hasta el punto de que no resultaba difícil encontrar caras del partido con problemas con la justica o bajo sospecha en la convención que se celebra en Benidorm. Por ejemplo, la ponente del discurso sobre Empleo, la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, que se enfrenta a denuncias presentadas por el propio arquitecto municipal de su Consistorio, todas referidas al urbanismo del municipio que gestiona. Precisamente, el pasado miércoles expresaba su deseo de que no se aparatara a ningún militante hasta que fuera procesado. También se vio a Josefa Ferrando, presidenta del partido de Orihuela e imputada en distintos casos por su gestión en la concejalía de Turismo entre 2007 y 2011.

Al hotel en el que se celebra la cumbre, sin embargo, faltaron caras muy reconocibles del partido y con indudable tirón electoral hasta hace poco, aunque hoy salpicadas por los escándalos de corrupción. Son los casos de alcaldesas como la de Alicante, Sonia Castedo, o la de Elda, Milagrosa Martínez. La primera está imputada en dos casos de corrupción urbanística y la segunda está siendo procesada por una pieza del caso Gürtel. Tampoco asistió Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela y portavoz de los populares en el Consistorio oriolano, a un paso de la apertura del juicio oral, aunque ella se niega a dimitir.

Si consiguieran escapar de sus problemas con la justicia antes de la elaboración de las listas electorales, según el borrador que se aprobará hoy, adquirirían al igual que todos los cargos electos un “compromiso de dimisión en caso de ser imputado por un posible delito que tenga que ver con supuestos casos de corrupción”. El candidato asumirá este y otros compromisos en declaración jurada y con carácter previo a su inclusión en la candidaturas.

No se debatió durante la ponencia la enmienda presentada por militantes y alcaldes de La Vega Baja en la que se abogaba por que los imputados no tuvieran que cesar en sus responsabilidades hasta que no se les abra un juicio oral, frente a la línea roja de Fabra que implicaría dejar el acta en el momento de resultar imputado por corrupción. Fue la opción defendida el pasado miércoles en el caso de Mónica Lorente por la presidenta de la Diputación alicantina, Luisa Pastor. La presidenta provincial fue ayer la encargada de la ponencia sobre el Agua.

Entre las diversas enmiendas presentadas para la regeneración democrática del partido destacaron también la que los populares no podrán aceptar regalos más allá de la mera cortesía ni tampoco volar en primera.