Las empresas del fraude de los cursos eran “chiringuitos para cazar ayudas”

El entramado de empresas y entidades coruñesas sospechosas de un fraude millonario a las administraciones públicas en cursillos de formación para el empleo eran en realidad “chiringuitos para cazar subvenciones”, según concluyen los investigadores policiales de esta trama que indaga un juzgado de A Coruña. De los datos del sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, se deduce que dos de las entidades obtuvieron de la Xunta entre 2006 y 2012 —hasta 2009 gobernó el bipartito PSOE-BNG y desde entonces el PP— más de cinco millones de euros. Pero también lograron ayudas del Ministerio de Trabajo y de los Gobiernos de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla y León, Navarra, Canarias y Madrid hasta alcanzar unos 20 millones. “En el ámbito de la formación hay un carro de pasta”, llega a exclamar uno de los implicados en una conversación intervenida.

 El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que investiga la trama, ordenó la detención de siete personas a finales de septiembre, ahora en libertad con cargos a la espera de declarar como imputados el próximo febrero. Los considerados principales cabecillas son Gerardo Crespo, un militante del PP en A Coruña que montó un entramado empresarial y una asociación de discapacitados; y el presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype), Eliseo Calviño, histórico dirigente de los hosteleros coruñeses. Está también imputado el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Javier Pérez Bello.

De Crespo los investigadores destacan su “peso específico en el PP” que le permitía acceder a cargos públicos para captar ayudas. Los policías señalan que en una conversación con un funcionario el empresario le advierte: “O lo solucionas o lo paso a instancias superiores”. El sumario recoge llamadas y mensajes de Crespo al actual presidente del Consejo de Estado y exsenador del PP, José Manuel Romay Beccaría; al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y a responsables de la Consellería de Traballo. El empresario, en un momento en el que empezaron a mermar sus subvenciones, también recurrió, en este caso sin éxito, a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, y al anterior titular de Industria y Economía, Javier Guerra. Los investigadores muestran su sorpresa por que fuesen los “cargos políticos los que decidan a quién se paga y cuándo”.

Una de las entidades del entramado de Crespo, Fundefo, registrada como fundación sin ánimo de lucro, captó entre 2006 y 2012 un total de ocho millones de euros de fondos públicos, de ellos 3,1 en subvenciones o adjudicaciones de la Xunta y el resto del Gobierno central y de otras comunidades. Fundefo, según los investigadores, era utilizada como simple “medio empresarial para la obtención de ingresos del grupo empresarial de Crespo, así como para la recepción de cuantías en concepto de sueldos a favor de los patronos más relevantes, familiares y/o empleados que ejercían otras actividades”. El empresario y militante del PP también creó la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED) que, según la policía, no tenía actividad real y para “aparentar despliegue a nivel nacional” simuló 16 contratos de arrendamiento de locales.

Algunas de las asociaciones del grupo fueron “creadas ilegalmente”, según la policía, y percibían “porcentajes ilícitos” por el desarrollo de sus actividades con patrocinio público, como descubrió en 2012 la propia Consellería de Traballo en una inspección abierta cuando ya se conocían las indagaciones judiciales. En una conversación intervenida, el propio Crespo declara con sorpresa: “Es la primera vez que se inspecciona en Galicia”.

El entramado de Crespo también se benefició indirectamente de otros 2,1 millones de euros que la Consellería de Traballo concedió entre 2007 y 2012 para actividades formativas a Feaga, la federación de autónomos de Javier Pérez Bello. Parte de esas actividades fueron subcontratadas a Azetanet, la principal sociedad del grupo de Crespo.

Eliseo Calviño presidía Caype, entidad sin ánimo de lucro, pero de la que cobraba 4.500 euros y su esposa 2.000. Pérez Bello también percibió de Caype 44.000 euros por una “asesoría jurídica aparentemente inexistente”.