La Generalitat crea un registro de votantes para la consulta del 9-N

Esquerra no descarta la lista unitaria con CiU por la presión de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural

Artur Mas, con el líder de la CUP, David Fernández, este jueves, en el Parlament.
Artur Mas, con el líder de la CUP, David Fernández, este jueves, en el Parlament.Albert Garcia

El Gobierno catalán sigue dando pasos para hacer posible la consulta del 9 de noviembre y no traspasar la línea roja de la legalidad. Después de activar el miércoles la campaña institucional para conseguir voluntarios para la votación, ayer creó un registro de votantes que acudirán a las urnas y en el que se introducirán los datos cedidos de manera voluntaria.

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Tras la suspensión de la mayor parte del articulado de la ley de consultas, la Generalitat ha renunciado al registro de participación previsto en aquel texto y que se nutría del padrón municipal. El uso de esos datos hubiera sido una flagrante ilegalidad que podría motivar una impugnación ante los tribunales e incluso denuncias ante la Agencia Catalana de Protección de Datos. La consecuencia de todo ello habría sido la suspensión de la cita del 9 de noviembre. “No lo vamos a poner fácil al Estado”, anunció Artur Mas el pasado martes.

Para sortear ese obstáculo, el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) publicó ayer un edicto del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales que modifica el fichero creado el 19 de septiembre, antes de que se suspendiera la ley. Un portavoz de la Generalitat aseguró que el nuevo registro es “como una caja vacía”, que se llenará con los datos personales de los votantes, a los que se hará firmar una autorización para su uso. Posteriormente se introducirán sus nombres en un ordenador y podrán votar.

Un portavoz del Ministerio de Justicia afirmó que la Abogacía del Estado “está estudiando” si la creación de ese registro de votantes y la reactivación de la web de la campaña del 9-N, que también se produjo ayer, son actos administrativos impugnables ante el Tribunal Constitucional, informa Vera Gutiérrez Calvo.

Los ciudadanos firmarán un autorización para que sus datos puedan ser usados
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La suspensión de la ley de consultas impide igualmente el envío de la tarjeta censal con los datos del colegio electoral de la votación a cada ciudadano. En lugar de eso, la Generalitat hará esa atribución en función del domicilio. El listado con la distribución de todos los colegios electorales se publicará en la web de la Generalitat. Los más de cinco millones de papeletas que se pondrán a disposición de los ciudadanos el 9-N ya están impresos y estos días se están fabricando también las urnas de cartón.

Mientras tanto, CiU y Esquerra prosiguen su distanciamiento tras el anuncio del sucedáneo de consulta. Los republicanos no son partidarios, en principio, de la lista conjunta con los nacionalistas de cara a unas elecciones de carácter plebiscitario, aunque algunas fuentes señalan que podrían acabar aceptándola por la presión que ejerzan la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, los convocantes de las multitudinarias diadas de los últimos tres años. Mas se reunió ayer con Carme Forcadell y Muriel Casals, presidentas de ambas organizaciones, que se posicionarán oficialmente el próximo domingo en un acto en la plaza de Cataluña de Barcelona.

CiU y Esquerra discrepan sobre la declaración de independencia

A cambio de ceder en la lista unitaria, los republicanos exigirían un compromiso escrito para que el nuevo Parlament proclame la independencia, y no la promesa de aprobar una declaración que podría quedar en suspenso y sin ejecutarse durante un tiempo indeterminado. El partido de Oriol Junqueras recela de CiU y considera que Mas está incumpliendo el tramo final de la hoja de ruta soberanista que firmaron en el pacto de legislatura. Esquerra también exigiría que esa candidatura unitaria la encabezara una persona independiente y no Artur Mas.

Convergència rechaza la declaración de independencia de manera inmediata y propone que se produzca previamente un proceso de negociación con el Estado para hacer efectiva la separación.

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