Los alcaldes metropolitanos exigen a Mas que reduzca 73 millones de deuda

El calendario cada vez aprieta más, pero ni la Generalitat ni el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dan por perdido todavía el acuerdo con el que el Ejecutivo de Artur Mas estima ingresar 800 millones de euros a cambio de ceder a la corporación supramunicipal las infraestructuras hidráulicas allí existentes y la mayor parte de los ingresos procedentes del canon del agua durante 30 años. Las negociaciones continúan a cuentagotas condicionadas por los requisitos impuestos por los alcaldes metropolitanos. Uno de ellos es que la Generalitat acceda a pagar al menos 73 millones de euros que adeuda a los municipios por servicios prestados y no liquidados básicamente durante 2014 y 2013, según explicaron ayer fuentes del AMB. Otro, la congelación del canon durante un plazo de cinco años.

Esas reivindicaciones las lideran los primeros ediles del PSC, encabezados en la negociación por el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. Están presionados por los plenos de sus consistorios, que en algunos casos han votado mociones contrarias al preacuerdo alcanzado en junio al considerar que fulmina la Agencia Catalana del Agua —encargada hasta ahora del canon—, y por la extraña sensación de salvar los muebles al Gobierno de Artur Mas, que necesita los 800 millones para enjugar déficit y aliviar su maltrecha tesorería, que sufre cada vez mayores problemas de pago.

Es ese el panorama que marca el lento intercambio de ofertas y contraofertas entre ambos negociadores. Más allá del pago de deuda a los municipios, la Generalitat asegura que el punto clave sobre el que basculan las conversaciones es el acuerdo sobre el porcentaje del canon del agua que se quedará el Área Metropolitana de Barcelona. Este reclama quedarse en torno al 85% de los 143 millones que se ingresan por ese gravamen en los 36 municipios metropolitanos, mientras que la Generalitat ha ofrecido una horquilla de porcentaje que va entre el 70% y el 75%, al considerar que el agua que llega a esos municipios ha pasado antes por otras infraestructuras hidráulicas, con el coste que eso genera. Pero ese argumento no le vale al Gobierno del AMB, que considera que apenas ganaría un par de millones de euros respecto a los recursos de los que ahora se dispone para financiar la gestión integral del agua en su territorio.

Que la operación llegue a buen puerto no depende solo de la Generalitat y del AMB. Tras el acuerdo quedará pendiente la búsqueda de los 800 millones de euros, que se efectuará mediante una titulización de deuda por parte de la sociedad mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, sociedad constituida hace un año y controlada por Agbar en un 85%. Los trámites para lanzar la emisión de deuda son los que ya desde junio provocaron que la Generalitat acelerara el proceso, que ha comportado una modificación legislativa para dar más competencias en materia de agua al AMB.

Por si llega el acuerdo, la Agencia Catalana del Agua (ACA) —que lo ha de validar— ha previsto un consejo de administración la próxima semana, en el que previsiblemente también aprobará una subida del 1,5% del canon del agua para el próximo año. El pacto también tendría que ser refrendado por el pleno de la corporación metropolitana, que prevé una reunión ordinaria a finales de mes. Después, otro convenio firmado entre el AMB y la sociedad mixta deberá determinar las condiciones de financiación.