El Consell pagó a Calatrava en Castellón para no ser denunciado

La empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) pagó el proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón a Santiago Calatrava para evitar una denuncia por posible enriquecimiento injusto por haber utilizado la maqueta del diseño de esta obra en varias ferias. El consejo de administración de la sociedad se reunió el 30 de marzo de 2011 —tan solo cinco días después de que EU llevara el caso ante la Fiscalía— para ratificar las decisiones tomadas años atrás por los responsables por las que se acabaron abonando 2,7 millones en 2009 y tras un cruce de reproches mutuos. En el acta de esta reunión se señala que las amenazas de denuncia conocidas entonces y con las que Calatrava exigía el cobro de los últimos 1,35 millones se basaban en una acusación por enriquecimiento injusto. El Consell optó por zanjar el desencuentro pagando.

“El abono del proyecto básico se realiza ante las comunicaciones recibidas por el despacho de abogados contratado por Calatrava de interponer acción judicial contra la SPTCV por enriquecimiento injusto”, se lee en el acta. El argumento del proyectista era que la sociedad no había devuelto el proyecto en el plazo de un mes, a pesar de los continuos requerimientos para que el diseño se ajustara a los 60 millones previstos y no los cien propuestos.

La empresa de la Generalitat admitió en esta reunión del consejo de administración que hicieron uso del proyecto porque presentaron la maqueta en varias ferias y, de no pagar, no solo estaban yendo en contra de sus actos, sino que estaban en riesgo de incurrir en el supuesto del enriquecimiento injusto del que les acusaba Santiago Calatrava. En la denuncia de 2011, EU presentó un documento por el que el Consell anunciaba que abonaría el citado importe por “voluntad de entendimiento”. El juzgado de Instrucción 5 que ha abierto una causa por presuntas irregularidades en la contratación del Centro de Convenciones ha requerido a la SPTCV que informe de en qué actos institucionales o promocionales fueron utilizados estos trabajos.

El consejo de administración dejó constancia en aquella reunión de marzo de 2011 de que se abonó el proyecto básico con “mención expresa” de que se ratificaban en que Calatrava debía ceñirse a los 60 millones y ejecutar la obra en una sola fase.

Con esta reunión, la sociedad avaló formalmente que se acabara pagando los 2,7 millones aunque el proyecto presentado incrementaba considerablemente el coste de la obra. Y lo hizo solo cinco días después de la denuncia que la fiscalía acabó archivando en 2011. Una carambola judicial ha hecho que ahora un juzgado de Castellón esté investigando de nuevo todo lo que rodeó a la contratación de esta obra que no se ejecutó finalmente porque los juzgados anularon el proyecto urbanístico que le daba cabida.

"Indecencia"

Ignacio Blanco, del grupo de EUPV —personado como acusación popular en la causa por el Centro de Convenciones de Castellón—, ha calificado los hechos de "indecencia". "Lo que tiene que hacer el Consell es actuar contra Calatrava, exigiéndole que se haga cargo de indemnizarnos por todas sus pifias y por todos sus sobrecostes". El político izquierdista asegura que su grupo "no cejará en el empeño por pedir responsabilidades políticas y penales".

Blanco asegura que piensan participar en los interrogatorios programados el próximo martes. Están citados a declarar Nicolás Figueres, ex director general de la SPTCV, y Javier Manso, actual apoderado de la sociedad —actualmente en proceso de extinción—. "Tienen que aclarar por qué le pagaron 2,7 millones de euros a Calatrava a pesar de haber incumplido el contrato", ha advertido.