Podar y plantar: o emigrar

Podar y plantar. No hay otra salida a esta crisis larga y durísima que llevamos padeciendo desde el año 2007. Podar aquellas ramas de actividad que están obsoletas y plantar nuevas actividades que tengan futuro. Se podría decir que los viejos tendemos a no querer podar, porque es lo más cómodo y que los jóvenes necesitan desesperadamente que se apueste por lo nuevo, porque si no tendrán que emigrar.

Los gobiernos no son los responsables principales, ni para bien ni para mal, de la evolución económica de un país, pero tienen un papel clave al señalar las reglas de juego y al fomentar con el dinero de sus presupuestos una filosofía que guíe a la sociedad. Y esa filosofía solo puede ser una de estas dos: apostar por “lo de siempre” o apostar por lo “nuevo”. Si miramos los datos vemos que, en los siete años de crisis, el empleo privado vasco ha bajado en 95.000 personas mientras que el empleo de la administración ha aumentado en 7.000 efectivos. Solo este dato reflejaría que hay algo que nuestros gobiernos no han hecho bien y que han cuidado más su propio huerto que el de los ciudadanos.

Y no parece fácil cambiar las tendencias de fondo, pues hemos creado un modelo muy rígido y que mira siempre más a conservar que a cambiar; más a evitar la confrontación de ideas que a remover comportamientos; más a tener vasallos poco informados que a buscar ciudadanos que sepan y discutan. Y desde luego en materia fiscal y presupuestaria, los vascos tenemos un sistema particularmente opaco y rígido, poco propenso a aventuras.

Esta misma semana asistiremos a la ceremonia anual por la que seis personas, por cierto no electas, van a decidir sobre la cifra de recaudación del año 2015, una suma importante que representa aproximadamente el 20% del PIB. Pero su decisión se hará sin dar explicaciones sobre el diseño fiscal que se va aplicar, ni enseñarán los informes técnicos en los que supuestamente se apoyan, ni mucho menos someterán a discusión parlamentaria sus conclusiones. No hay ningún país de nuestro entorno cultural que tenga un sistema tan peculiar de aprobar su política fiscal, en el que se huye del debate parlamentario y se sustituye el mismo por discusiones en covachas oscuras, blindadas ante la opinión púbica.

Pero es que tampoco el Gobierno puede utilizar ese dinero obtenido con los impuestos de la forma en que crea más conveniente para combatir la crisis. Es decir, no puede, por ejemplo, apostar a fondo por nuevas empresas tecnológicas, materia que corresponde al Gobierno, en detrimento de la inversión en carreteras, materia que corresponde a las diputaciones. Lo impide la LTH, y su hija bastarda la Ley de Aportaciones, que obliga a entregar a las Diputaciones el 30% de los recursos netos obtenidos por los impuestos, para que ellas las gasten en sus competencias.

Ese porcentaje de reparto teóricamente se revisa cada cinco años, pero en la práctica el inmovilismo institucional es tal que las cifras son las mismas desde 1982. Ni siquiera han aprobado la Ley de Aportaciones para el quinquenio 2012-2016, por lo que estamos funcionando con prórrogas de la ley aprobada en 2007, cuando éramos ricos y felices. Mejor no hablar de ello.

Esta teoría de que el gasto se debe asignar en función de un criterio rígido de asignación entre instituciones, significa presupuestar en función de la inercia del pasado y no presupuestar atendiendo a las necesidades actuales de la economía. Si una empresa privada hiciera eso desaparecería al cabo de poco tiempo. Pero como estamos hablando de la Administración, ellos no desaparecerán, aunque nuestros hijos ya van desapareciendo vía emigración, siguiendo el conocido corolario: si no se poda, no se planta y entonces se emigra.