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Otegi cumple cinco años de cárcel sin visos de ver suavizada la pena

Juristas ven opciones de que prospere un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo

Políticos, sindicalistas y familiares de Arnaldo Otegi en la presentación de la manifestación a favor de su liberación el pasado mes de septiembre.
Políticos, sindicalistas y familiares de Arnaldo Otegi en la presentación de la manifestación a favor de su liberación el pasado mes de septiembre. EFE

Cinco años menos dos días. Es el tiempo que llevan en prisión el exlíder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y otros cuatro correligionarios —Rafa Díez Usabiaga, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta—, condenados en 2012 a seis años y medio de cárcel por un delito de integración en organización terrorista, consistente en intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune (lugar de encuentro) siguiendo instrucciones de ETA, según la sentencia del Tribunal Supremo ratificada posteriormente por el Constitucional. En vísperas del quinto aniversario de permanencia entre rejas, una autodenominada iniciativa popular ha impulsado la celebración, este sábado en Elgoibar, localidad natal de Otegi, una manifestación para exigir la excarcelación de los cinco condenados, a la que se han adherido, entre otros muchos, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el exlehendakari Juan José Ibarretxe o el expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren.

La puesta en libertad de Otegi es una petición que en la actualidad secundan la mayoría de los partidos vascos —sobre todo Sortu y las formaciones que integran EH Bildu, además del PNV y los socialistas vascos—, organizaciones sociales y sindicales que consideran injusto prolongar la situación de reclusión del exdirigente abertzale y del resto de penados. Incluso entre la cátedra jurídica, profesores de Derecho Constitucional y de Sociología Jurídica entienden la “extrañeza” que en algunos sectores de la sociedad vasca produce la negativa del Estado a liberarles.

“Es difícil explicarlo a la sociedad, porque el ciudadano ve que Otegi es un hombre que ha conseguido llevar a la izquierda abertzale hacia la participación institucional. Que siga en prisión no tiene sentido, pero desde el punto de vista jurídico-penal no hay vuelta de hoja”, afirma Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional, quien añade que “es claro que la actuación que seguían Otegi y el resto no iba dirigida al mantenimiento de la organización terrorista, sino al contrario”. Pero precisa que “cuando hubo que juzgarles, solo se podía atender a los hechos de ese momento”.

Tres sentencias

El día 13 de octubre de 2009 Otegi es detenido junto a otros dirigentes de la izquierda abertzale acusados de intentar reconstruir la dirección de Batasuna. Tres días después, el juez Baltasar Garzón ordena su ingreso en prisión incondicional, situación en la que permanece hasta hoy.

En enero de 2001, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de prisión para los ocho encausados. En julio de 2011, durante el juicio por el caso Bateragune, Otegi afirma que la izquierda abertzale se ha separado de la estrategia militar de ETA.

En septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condena a 10 años de cárcel a Otegi y Díaz Usabiaga como dirigentes de organización armada ETA en grado de dirigentes.

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo rebaja la pena a seis años y medio. En junio de 2013, el Tribunal Constitucional decide mantener en prisión a Otegi y otros tres encausados, porque la condena supera los cinco años.

El abogado Iñigo Iruin e Ibarretxe, en una carta conjunta, sostienen que los condenados han hecho, antes y después de su detención, lo posible para que ETA decidiera poner fin a su actividad criminal: “Nos consta de manera directa su voluntad innegable, esfuerzo generoso y labor relevante para cerrar la larga etapa de violencia en Euskal Herria”.

El profesor de Teoría Jurídica, Sociología y Filosofía del Derecho de la UPV Joxerramon Bengoetxea, coordinador de EHUgune, cuestiona incluso que el hecho delictivo por el que fueron condenados —seguir instrucciones de ETA para diseñar una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas para culminar el proceso independentista— pueda calificarse como tal, porque las “supuestas órdenes” de la banda iban dirigidas a “desarrollar una acción legal y no un acto delictivo”. “Esto significa que cualquier persona que reciba una instrucción de ETA, sea lícita o no, comete un delito”, asegura. Y remarca que Otegi y sus compañeros argumentaron en su defensa que “intentaron conseguir la tregua de ETA, como se ha visto después”.

Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional, destaca que tres sentencias (Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional) llegan a la misma conclusión y “es difícil que todos se equivoquen”. “El juez resuelve en un momento determinado y no está facultado para revisar su decisión a la vista de acontecimientos posteriores”, añade. Y recuerda que la pena, además de la función resocializadora, tiene otras dos “igual de importantes”: la preventiva (“disuadir de que se vuelva a cometer ese delito”) y la retributiva (“si lo hizo, no le puede salir gratis”).

Bengoetxea apostilla al respecto que, siendo eso así, el sistema penitenciario contempla modificar el régimen de la condena si se demuestra que el penado ha logrado reinsertarse, “como es el caso de estas personas”. Vírgala, que ahora ejerce como profesor invitado de la Universidad de Londres, opina que “hay una alta probabilidad de que prospere” un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como anunció la defensa de Otegi. “Estas personas no tendrían que estar en la cárcel. Están plenamente reinsertados y este será uno de los motivos por los que Estrasburgo tirará de las orejas a España”, subraya Bengoetxea.

Pérez Esquivel va más allá y considera que mantener a Otegi y al resto en prisión es “una ofensa a la humanidad por ser ellos la auténtica garantía para la paz en Euskal Herria y la resolución definitiva del conflicto vasco”.