La fiscalía se inclina por evitar una macrocausa sobre la formación

La fiscalía busca que las 18 causas judiciales abiertas en Andalucía para investigar los cursos de formación subvencionados por la Junta sean “operativas” y no se eternicen. Y lograr ese objetivo es muy difícil si todas las causas se concentran en el juzgado de la instructora Mercedes Alaya, que analiza estas ayudas entre 2001 y 2012 junto a la Guardia Civil y persigue acapararlas. Por ello, a la espera de poder analizar los detalles de todos los sumarios abiertos, la fiscalía se inclina por evitar que los cientos de cursos subvencionados se concentren en un solo juzgado, y apuesta por primar que las ayudas concedidas por las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo se investiguen en otros juzgados.

“La idea de la fiscalía es mantener causas operativas, con la celeridad necesaria. Debe primar el criterio de eficacia. Somos conscientes de la envergadura de las causas y la información debe seguir fluyendo”, ha explicado con cautela fuentes de la fiscalía, que este viernes y el día anterior celebraron una junta de fiscales a la que acudieron los ocho fiscales provinciales y el fiscal superior, Jesús García Calderón. El criterio del ministerio público no está aún perfilado, y las causas deben avanzar más para exponer sus argumentos ante las Audiencias Provinciales y el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), los órganos que finalmente decidirán sobre las inhibiciones de los jueces.

La juez Alaya quiere aunar las pesquisas abiertas en otras provincias

Las causas que analizan los cursos de formación siguen al alza, ya que el primer recuento de la Guardia Civil situaba en 12 las diligencias abiertas, pero este viernes la cumbre de fiscales ha elevado la cifra a al menos 18 causas. Cinco de ellas radicadas en Sevilla, tres en Cádiz, tres en Granada, dos en Almería, dos en Jaén y una en Huelva, otra en Córdoba y una última en Málaga. Esta suma volverá a crecer, ya que las pesquisas policiales continúan al mismo ritmo que los particulares (profesores o alumnos) que participaron en dichos cursos presentan denuncias ante los juzgados.

En paralelo al diálogo entre juzgados para determinar quién retiene cada investigación, existe una pugna entre la policía y la Guardia Civil. Mientras que esta última investiga el monto global de las ayudas junto a Alaya, la policía está implicada en la mayoría de investigaciones en las provincias, como la de Málaga, que originó la Operación Edu sobre el destino de 1,7 millones.

A pesar del estado primigenio de algunas investigaciones, la fiscalía decidirá sobre cada caso en función de tres criterios: la territorialidad de las ayudas, el perceptor de las subvenciones (empresario, fundación, Ayuntamiento o Diputación) y la naturaleza de la ayuda (subvenciones excepcionales, con compromiso de contratación, etcétera.). Con estos parámetros los fiscales irán exponiendo sus razones para que las causas permanezcan en la provincia donde se han iniciado o la juez Alaya continúe acaparando las causas, como ha sucedido en las diligencias abiertas en Cádiz por las ayudas del exconsejero y empresario Ángel Ojeda.

El ministerio público persigue “eficacia” y que las 18 causas sean “operativas”

Tras la inhibición del juez Miguel Ángel López Marchena en favor de Alaya, el exconsejero ha recurrido y previsiblemente la Fiscalía de Cádiz argumentará por qué apoya la inhibición del juez, y estos argumentos serán la base para otras causas similares. Las subvenciones excepcionales de Ojeda recibidas para el plan de Delphi sumaron unos 33 millones. Ahora el empresario está imputado por Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Tras un primer análisis global de los cursos de formación muy crítico por parte de la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Superior emitió el pasado mayo un decreto para denunciar las “numerosas, persistentes y graves” irregularidades detectadas. Dos meses antes, Alaya había abierto su macrocausa de la formación, que estima superará los dos millones de folios. En paralelo, multitud de juzgados en las ocho provincias han atendido las denuncias policiales y de la fiscalía para investigar diferentes irregularidades en cursos subvencionados por la Junta.